Poder Político

México como país que es constitucionalmente no aguanta más la polarización política cogobernante; además de una incongruencia entre la retórica del discurso y las acciones, entre el compromiso de una nación próspera y la contrastante pobreza en todas sus manifestaciones.

Vertebrando la historia contemporánea no hay pasado ni presente sino una la actualidad en un mismo tablero de ajedrez con los actores públicos confrontandos durante medio siglo por un común objetivo, la puja por el mando de este país. Los mismos rostros y apellidos cambian sólo de posición según los tiempos y circunstancias, aunque todo sigue igual con la defensa de sus cuotas y cuates, incluso en el pragmatismo de migrar hacia otro partido político.

En la dicotomía de inverosímil prepondera una realidad agudizada respectos de los problemas inherentes a la demanda de justicia social cada vez más alejada por la nula voluntad del régimen que se trate a las políticas públicas estructurales, que solucionen y le encausen al estatus reflejado en la prosperidad. Por lo contrario, el colectivo social está acorralado por el juego de las emociones y la manipulación de masas.

En la transversalidad de las gestiones de gobierno anteriores y actuales en sus 3 niveles prevalecen la corrupción e impunidad; el atropello por reformar la constitución, federal y local, según la coyuntura el oficialismo y la oposición, incluso en la alternancia.

En el contexto de una División de Poderes no hay motivo alguno para que el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo sean nulos receptivos ante el apego al Estado de Derecho del Judicial, depositario del control de constitucionalidad y de convencionalidad, cumpliendo en su caso con la atribución responsable de estudiar y analizar cada asunto sensible respecto de la constitucionalidad o no.

En qué momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasó de ser impoluta con la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar a ser corrupta, cínica y conservadora, ya con la gestión de la Ministra Norma Piña. Cómo es que el Ejecutivo y el Judicial antes sostuvieron institucionales reuniones recurrentes y ahora se niega de inicio a tomar la llamada telefónica.

La Corte se integra por 11 Ministros quienes en el fondo de la forma deliberan el sentido de su voto que deben sumar 8 en favor del proyecto de sentencia presentado por el Ponente para pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad o no de asuntos trascendentes en la vida pública del país, en este caso sobre las leyes y/o reformas al texto constitucional promovidas por el Ejecutivo y emitidas mediante Decreto por Legislativo.

El Poder Judicial declaró por unanimidad de votos inconstitucional el 11 de mayo de 2020 la #LeyBonilla concerniente a la pretensión en el Congreso de Baja California de extender de 2 años por que fue electo el gobernador Jaime Bonilla a 5 años.

“Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco (…) Se fraguó un fraude a la Constitución. No es un término retórico Los ciudadanos no votamos en blanco, votamos por una persona y por un plazo. Esto significa un fraude postelectoral”, conclusiones del Ministro Presidente Arturo Zaldívar Larrea durante su presidencia.

El Plan B de las Reformas a las Leyes Electorales, en este momento inaplicadas, que buscan erosionar al Sistema Electoral faltando de raíz a los Principios Constitucionales de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Independencia y Máxima Publicidad, debería tener el mismo pronunciamiento de una eventual inconstitucionalidad por los considerandos que vulneran la democracia de un país que se precia de serlo.

Un país de instituciones debe debe coexistir bajo el paraguas del contrapeso democrático, aún más entre los Poderes de la Unión de la República Mexicana, además federativa.

eduhdez@yahoo.com