Poder Político
Bajo la lupa
Sostenida la reunión en Palacio Nacional con el Poder Ejecutivo de la Federación, las Consejerías Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral tienen la función pública constitucional de organizar la renovación de las Autoridades de Gobierno en voluntad popular, regida por la Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad y Máxima Publicidad. El entramado por el cual deben ceñirse Árbitro, Gobiernos, Partidos Políticos y Candidaturas. Por lo contrario, deberán sancionársele con la severidad que corresponda.
Bajo el paraguas de las Elecciones del 2 de julio de 2024, federales y las 32 concurrentes locales, el acatamiento a los Principios Democráticos de naturaleza constitucional irrenunciables deben ser observados por todos los involucrados. Inclusos por el oficialismo que ancestralmente de modo alguno pretenden desnivelar el piso parejo de las reglas del juego electoral inscritas en el Estado Derecho, por lo que compete a la legislación electoral.
No es por ser alarmistas, pero sí hay que tener los sentidos del raciocinio sobre los focos de un rojo intenso, habida cuenta que el entorno del Proceso Electoral 2023-2024 es radicalmente distinto al 2017-2018. Esta ocasión hay una marcada polarización entre el «Pueblo bueno», afín a la Cuarta Transformación, y el «Pueblo malo», estigmatizados como Conservadores y Traidores.
El oficialismo, federal, locales y municipales, deben ser el principal garante de la paz pública y no el promotor ni incitador de un escenario anárquico.
Habrá que salvaguardar el orden público que le compete a la Autoridad de Gobierno por atribución de coadyuvancia al Proceso Electoral, para Elegir 19 mil 703 cargos entre ejecutivos y legislativos. A Saber; la Presidencia de la República, 500 Diputaciones Federales, 128 Senadurías, 9 Gubernaturas, 2 mil 323 municipalidades en 30 estados, excepto Hidalgo y Durango; y 1 de mil 047 diputaciones locales, sin contar Coahuila y Quihtana Roo.
A nadie le conviene que se enturbie un Acto Ciudadano, que al margen de este escenario ha prevalecido con la civilidad democrática celosamente cuidada desde la autonomía en octubre de 1996 como Instituto Federal Electoral a la actualidad.
En armonía, Árbitro y jugadores tienen que comprometerse con sentar las bases de una Jornada Cívica el 2 de junio de 2024, a la que estarán convocados 95 millones 522 mil 518 electores en lista nominal, con corte al 9 de junio; los que deben decidir el sentido de su voto en la libertad de un derecho político, por la razón de un voto reflexivo e informado.
Al INE, rector del Sistema Nacional de Elecciones, no tiene por qué temblarle la mano para remover a integrantes de algunos de los 32 Órganos Públicos Locales, con el antecedente más inmediato en el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo a Consejera Presidenta Guillermina Vázquez Benítez y del Consejero Francisco Martínez Ballesteros, por vulnerar los principios de certeza y máxima publicidad durante las elecciones celebradas en octubre de 2020 en la etapa de resultados electorales.
El Árbitro Electoral tampoco puede ser negligente para cancelar registros como en 2021 con 49 candidaturas por no presentar los informes de gastos de precampaña; entre estas la de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y de Raúl Morón Orozco, en Michoacán, ambos a la gubernatura en el 2021. Incluso imponer multas como en el 2002 los 1 mil millones de pesos al PRI, por la transacción entre Pemex y el sindicato, y a la coalición del Acción Nacional y el PVEM. 500 millones de pesos por las prohibidas aportaciones del extranjero de «Amigos de Fox», en su caso en 2002 con motivo de las Elecciones a la Presidencia en el 2000.
Al Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación en su caso no podrá abstenerse de anular elecciones a Gubernaturas, como la de Tabasco en el 2000, motivada por la violación al cómputo de resultados electorales, así como injerencia del oficialismo en la difusión parcial desde la TV estatal a un solo partido; y Colima, en 2003 y 20015, ambas también por injerencia gubernamental.
El Sistema Electoral, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, deben ser responsables en armonía con la legislación, incluso con los actos que se realizan en todos los frentes sin iniciar aún el Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024.
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