Poder Político
Castillo de naipes
El Sistema Electoral Mexicano debe conciliar el interés sustantivo de la democracia al interior de sus entes Administrativo y Jurisdiccional, además de la Fiscalía que investiga y sanciona delitos, si es que no quieren que por sus posturas polarizadas la Jornada Cívica les reviente hacia una anarquía trascendida al colectivo social.
El caos es un escenario indeseable que debe evitarse, habida cuenta que entre los jugadores compiten por la gobernanza, olvidados de la conducta democrática; negados a la posibilidad de la derrota ausente en el presupuesto de la ambición por poseer el poder de la Presidencia de México y Congreso de la Unión.
Desde este 1 de marzo iniciaron en primer orden las campañas que en común buscan el mismo propósito de quedarse con el monopolio del Poder Ejecutivo y Legislativo, los ciudadanos inscritos en el Listado Nominal de Electores tienen la potestad de votar en libertad de criterio entre la continuidad o decantarse por el cambio. La normal recurrencia de la alternancia en lo que va del Siglo XXI, buscando respuestas aún insatisfechas de justicia social.
Las elecciones del 2024 son las más complejas y de alto riesgo, una función de estado acechada además por el poder fáctico de la delincuencia organizada infiltrada en las definiciones partidistas; por sus pistolas ya rondan los 20 asesinatos de candidaturas sobre todo en Guerrero, Michoacán, Zacatecas; así como el norte, bajío y pacífico, en donde se complicó el ejercicio del voto entre sus pobladores.
El 2 de junio en concurrencia se elegirán por voluntad popular los Poderes de la Unión, la Presidencia de la República y Congresistas, en concurrencia con las 32 entidades locales para renovar 9 gubernaturas, y/o alcaldías y/o diputaciones; en total 20 mil 708 cargos ejecutivos y legislativos que deberán observar la cordura, la responsable sensatez de gestionar el respaldo de la mayoría con argumentos de compromisos que en armonía con la realidad transiten hacia esas políticas públicas estructurales de solución.
Bajo el paraguas de los Principios Rectores de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Máxima Publicidad y Objetividad» que deben observar el Árbitro Electoral y los jugadores, nadie se manda solo. Por lo contrario, todos se ciñen a una corresponsabilidad porque prevalezca la «Calidad de la Democracia».
El Instituto Nacional Electoral, en particular su consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala en armonía con las demás Consejerías Electorales deben privilegiar decisiones colegiadas en los Acuerdos y Resoluciones que emiten como Consejo General, con el propósito de encausar con sustento legal cada una de las actividades preparatorias a la Jornada Electoral.
Entre las facultades exclusivas del INE como cabeza del Sistema Nacional de Elecciones se incluye la capacitación e integración de ciudadanos que como Funcionarios de Mesas Directivas de Casillas deben conocer su propio rol individual y en general para recibir y contar de manera eficiente de potenciales 98 millones 909 mil 770 electores. Cada actividad preparatoria, aunque la capacitación y la promoción del voto son el centro del engranaje del proceso.
Será gravoso el error de no corregir a tiempo la sustantiva asignatura de los Capacitados Asistentes y Supervisores Electorales puede afectar perniciosamente hasta afectar la Jornada Cívica del 2 de junio; se trata del punto de inflexión más crítico en el entramado de la «Democracia» en la renovación periódica de las Autoridades de Gobierno.
El INE descansa su eficiente éxito un Servicio Profesional Electoral Nacional que en lo absoluto no es la «burocracia dorada» sino que se trata de un personal en permanente evaluación y capacitación, asegurando el cumplimiento de la función pública constitucional que igual implica a los organismos locales, reglamentados desde la reforma de 2014.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la responsabilidad de resolver la procedencia constitucionalidad o no de las impugnaciones, está obligado a cumplir; ya no ser omiso ni obsequioso contraviniendo a su función.
El Senado de la República en su irresponsabilidad no ha designado las dos vacantes de magistraturas electorales federales y las 65 del ámbito local; una actitud caprichosa, restando menos de tres meses de las votaciones seguida por la cadena impugnativa.
La Autoridad Jurisdiccional Federal en particular tiene la competencia de resolver las impugnaciones, calificar la elección al cargo de la Presidencia de la República y entregar la constancia a quien resulte la candidatura favorecida. Pero esto nada importa al Senado que en su mezquindad se van a buscar una reelección.
