Poder Político
Reloj de arena
Intrascendentes en el fondo de la forma se quedó el debate entre candidaturas a un cargo público, ejecutivos y legislativos; un ejercicio de confrontar proyectos de país y/o estado que con autocrítica debiera tenerse ante el electorado, que este 2 de junio votará en voluntad popular por la Presidencia de la República, además de senadurías y diputaciones con la concurrencia de las autoridades locales. El colectivo ciudadano se habrá quedado con la misma ausencia de argumentos en la definición del sentido de su decisión, habida cuenta que las contiendas resultan ser más de señalar y poca respuesta a la demanda de justicia social.
Con la degradación entre opciones para renovar Autoridades de Gobierno en el cara a cara ante las audiencias, flaco favor se hace entre estas y estos para allanarse el camino hacia una eventual victoria en la Jornada Electoral; bajo el paraguas de renovar periódicamente a la gobernanza de la nación y de las entidades federativas, que desde la prospectiva analítica puede estancarles y/o restarles competitividad, pierde credibilidad y disminuye, pero no suma exponencialmente.
Los debates que en México en particular a la Presidencia de la República irrumpieron con gran interés por vez primera en mayo de 1994 cuando un avasallante orador como Diego Fernández de Cevallos exhibió las carencias de tablas de Cuauhtémoc Cárdenas y Ernesto Zedillo Ponce de León, perdieron el foco a partir de 2018 y este 2024 al transitar hacia una nula conexión con su esencia, prestados más para los memes y viralizar situaciones chuscas y de comedia; no así aportan al contraste entre la ciudadanía.
La ausencia de ponderar compromisos entre candidaturas a la Presidencia de la República o bien de gubernaturas en 9 estados quedan todo a deber al entramado democrático por el que pasan el esfuerzo institucional del árbitro electoral sustentado en el texto constitucional que les obliga a organizar al menos dos ejercicios para el propósito de que se conozca de viva voz si tienen espolones para encomendarles la administración pública en pro de proveer una prosperidad, reflejada en la calidad de vida.
El Instituto Nacional Electoral como organizador autónomo de esta función pública apela a que un fortalecimiento de la «Campaña de promoción del Voto y Participación Ciudadana» le permita desde su atribución lograr que entre los potenciales 98 millones 329 mil 591 electores en Lista Nominal promedien la concurrencia del 63.42 por ciento que se tuvo en el 2018.
Un desafío mayor, lograr cuando menos igualar la participación ciudadana de la elección de hace 6 años, en el contexto de que a más concurrencia de electores para ejercer la dicotomía de un «derecho político» y a la vez una «obligación» constitucional en ese tanto habrá legitimidad a quien resulte favorecida o favorecido como Autoridades, Ejecutivas y Legislativas.
La legitimidad en el Estado de Derecho forma parte del orden de la política y de la ética pública, fundamentación de las normas y de las decisiones; y una legalidad pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley que genera obligación jurídica. De ambas expresiones deberían estar claros los jugadores; partidos políticos, candidaturas y los votantes.
La «Democracia Representativa», los gobernantes, no se entendería sin la «Democracia Participativa», aunque ancestralmente el mandato concedido mediante el voto a la gobernanza se hace a un lado para decantarse por los intereses particulares y mezquinos, antepuestos al bien común de los 126 millones de residentes en suelo mexicano, a marzo de 2020.
Los colectivos como las mujeres genuinamente se movilizan para visibilizar sus demandas de que se les cumpla con lo comprometido, que se entiende se inscribe dentro de una plataforma electoral registrada ante el Árbitro, refrendado en juramentación durante la toma de protesta.
El desdén de las Autoridades pasa porque igual se incentive una posterior votación en la que se le castiga, con una decisión popular que opta a la alternancia.
El debate previsto el 19 de mayo entre candidaturas a la Presidencia de México quizás sea más atractiva por su diseño acordado entre las partes; en la recurrencia de pretender menguar al adversario podría darse la ocasión para mostrar un destello fundamentado por los senderos que se encausaría ese proyecto de país para conectar con políticas públicas estructurales orientadas a la justicia social de carne y hueso.
