Política económica para el desarrollo

Al poder Ejecutivo corresponde elaborar y presentar al Congreso de la Unión, a través de la secretaría de Hacienda, la política económica del país para su aprobación. Sin embargo, solo se cumplía con la formalidad de directrices emanadas del complejo doma neoliberal inspirado por teóricos como Milton Friedman, institucionalizado por el Consenso de Washington y aplicado por los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y por las grandes corporaciones multinacionales.

La política económica dejó de velar y responder por los intereses de la nación y sus habitantes para convertirse en un instrumento del gran capital y de sus personeros. A los países subdesarrollados, con el peso brutal de sus deudas externas públicas, no les quedó de otra que subirse a ola neoliberal en los términos pactados por sus implacables impulsores.

El capitalismo salvaje en su máxima expresión se apoderó de México y de otros países dependientes, creado una élite económica y una tecnocracia gubernamental que siguieron al pie de la letra cada una de las directrices contenidas en una especie de manual para neoliberales. Todas aquellas empresas, reformas legales y políticas públicas que atendieran al superior propósito de las ganancias y la concentración de la riqueza, eran bienvenidas.

Con datos de la revista Forbes el presidente López Obrador, en su ensayo “La nueva política económica en los tiempos del coronavirus”, precisa que en 1991 había 274 magnates que acumulaban en conjunto 483 mil millones de dólares y para 2011 se tenían a mil 210 ricos con 4 billones 284 mil millones de dólares, esto es, en dos décadas, la fortuna de esta élite mundial se elevó más de 10 veces. En 2020, nos dice, que existen dos mil 095 personas que poseen en conjunto ocho billones de dólares, lo que equivale a 32 años del presupuesto federal de México. “Todo esto, al mismo tiempo que millones de seres humanos viven en la pobreza y en la angustia de no tener ni siquiera para lo más indispensable”.

Por eso su propuesta de nueva política económica hace una clara diferencia entre el crecimiento y el desarrollo económico, en donde el primero es la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado (un año), cuyo valor se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB); mientras el desarrollo se define como la capacidad del sistema para proporcionar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, eso sí, a partir del buen funcionamiento de su economía.

Así las cosas, el mediocre crecimiento económico en la etapa neoliberal ha servido solo para enriquecer a unos cuantos y a empobrecer a millones de mexicanos. Los tecnócratas se cansaron de mentir a la población, dijeron que con la venta (de garaje) de las empresas del Estado se iba a pagar la deuda pública, se iba a modernizar la economía y llegaríamos al primer mundo; que por lo pronto había que apretarse el cinturón hasta que el pastel económico creciera lo suficiente para repartir, pero nunca llegó ese día. Ya de la corrupción, impunidad, inseguridad, ni hablamos.

La ciudadanía se cansó de esperar y decidieron con su voto la opción que abanderaba el “cambio verdadero”, la Cuarta Transformación de la vida pública del país, en donde las decisiones fundamentales en materia económica, política y social fuesen tomadas por el Estado.

De tal suerte que la política económica para el desarrollo que se pretende para consolidar la 4T en los tiempos de la pandemia, debe atender principios fundamentales como la democracia, la justicia, la honestidad, la austeridad y el bienestar. Pasar de la democracia representativa, que solo sirvió para elegir a los saqueadores de la nación; a la democracia participativa, donde la ciudadanía tenga voz y voto en todo lo que tenga que ver con su bienestar; y concluir con la democracia sustantiva que promueva la igualdad económica y social de la población.

Si bien la honestidad del gobierno federal ha dejado buenos ahorros para aplicarlos a favor de los programas sociales, con el coronavirus ha sido necesario apretar más por el lado de la austeridad republicana a efecto de no abril el fácil expediente de la deuda pública para superar la crisis económica como sugieren las cúpulas empresariales, los gobernadores de oposición y la cauda de expertos “instantáneos” que pululan en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales.

Para el presidente López Obrador es importante el crecimiento económico, pero con democracia y bienestar: “sí al progreso, pero con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso”. Sin duda, en este proceso, corresponde al Estado la obligación esencial de promover el desarrollo para garantizar el bienestar de los diversos sectores de la sociedad, lo que implica hacerse cargo de los sectores estratégicos (petróleo y electricidad) y ofrecer todas las garantías legales a las inversiones privadas. Esto es, un Estado capaz de controlar la vida económica y proporcionar una gama de prestaciones sociales en continuo crecimiento.