“Política mata a Derecho”

Quienes en México se asumen como representantes del interés común de la sociedad lejos están de honrar el ejercicio de la genuina política, acompañada del inherente espíritu de la democracia, para prostituirle con recurrencia en la perversión de las mezquinas conveniencias.

Unos y otros actores público, sobretodo los elegidos por voluntad popular, indistintamente de la expresión ideológica a la que pertenezcan demuestran con sus acciones la traición a la patria, además del pacto federado integrado bajo el paraguas a las 32 entidades locales.

A nadie debe sorprender ni causar irritación alguna cuando esta situación se ha vivido cada vez con más recurrencia, habida cuenta que la clase política ha sido de las más repudiadas entre las instituciones, estudios tras estudios de opinión pública, los propios y los externos, éstos que sí son del dominio público.

Las legislaciones de reformas, coyunturales y no estructurales, sólo en el caso de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente de 1917 hasta su centenario, hace dos años, fueron 693 las consignadas a sus articulados.

En Baja California no importó a la actual legislatura -por expirar- violentar las reglas del juego electoral de este dos de junio cuando votantes de esta entidad -panista por cinco sexenios- optase por Jaime Bonilla Valdez de Morena como gobernador, a partir del del uno de noviembre para un periodo de dos años, entre 2019 y 2021, conforme lo preceptuado en el artículo transitorio decretado el 11 de septiembre de 2014 en pro de empatar su renovación con  los comicios federales intermedios.

Un transitorio el 112 impugnado por Morena ante el tribunal electoral estatal pretendiendo que en sentido estricto la elección para gobernador fuese de seis años, concedió la razón; pero que ya en el ámbito de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció porque se observase el respeto al artículo en conflicto.

La cámara de diputados de mayoría panista -perdedor de la elección- sin aparente sentido alguno sesionó de manera extraordinaria el lunes anterior ocho de junio con el único objetivo de modificar  el mismo transitorio, de modo que esta ocasión en vez el período de la nueva administración pública se amplió de dos a cinco años, 2019-2024 homologando su renovación con la presidencial, beneficiándole al ejecutivo por entrar en funciones,  quien siempre apeló a buscar el cargo completo.

Un conflicto que se mantendrá en la agenda pública de aquí a la víspera de la toma de posesión de Jaime Bonilla Valdez, una vez que Acción Nacional, PRI y PRD, principalmente, presenten su correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la cual se espera se pronuncie a favor de mantener el período de dos años, a menos que sea obsequiosa con la 4T.

Los partidos implicados en la afectación aún le apuestan desde ahora todas sus prospectivas electorales a competir en el 2021 y recuperar Baja California para sus alforjas de entidades gobernantes, teniendo en la mira que los de Morena entregase malos resultados.

Visualizando un concienzudo análisis más allá de los hechos, el pleno del congreso bajacaliforniano, todas las bancadas partidistas, incluida la panista perdedora de la elección, legisló por unanimidad de voto la modificación constitucional al decreto 112 entendidos los valores en aras de cubrirse en el manto de la corrupción e impunidad los claroscuros en la gestión ejecutiva de Francisco “Kiko” Campos, así como a ellos mismos y sus grupos facciosos.

El comportamiento de las instituciones representadas por los actores públicos en cuanto no son más que una estratagema distractora dirigida al núcleo social, respecto de lo que conjuga en el fondo y la forma de los arreglos pactados entre sí de sus mezquinos intereses, en detrimento -claro está- de una sociedad que parece desconcertada al no hallar aquella opción que en realidad le represente, cuando a la generalidad le representa un perjurio más.

Aún más absorta y frustrante le entraña ver que las opciones ya se le agotaron cuando en la alternancia de quienes le comprometieron prosperidad en el desarrollo y crecimiento, reflejado cuando menos en una elemental calidad de vida a la que tienen derecho exigir, porque para ese propósito le mandata con delegarle el mando por voluntad popular.

La disfuncionalidad entre los gobernantes: ejecutivos y legislativos, quienes sólo ven por ello suyo, y una sociedad que pese a estar agraviada prefiere estar en la apatía de atreverse a demandar precisamente justicia social, mantiene el estatus quo entre el abuso del poder y la mediocridad popular a la cual le cortaron la capacidad de exigir, muy acomodaticia.

La bota de quienes tienen como rehén a la política, ejercida en la deformación a su conveniencia, puesta en el dominio sobre los mexicanos no son la combinación para transgredir el estado de derecho, emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bitácora

El caso más emblemático en Tabasco se tiene en la anulación de la elección a gobernador de Manuel Andrade aquel 29 de diciembre de 2000; Roberto Madrazo a dos días de entregar el mando operó para que en menos de 12 horas el Congreso modificase el artículo 47 de la constitución local, que pretendió mandar a 18 meses las votaciones extraordinaria. El artículo 105 federal determina hasta 90 días antes del inicio del proceso para reformas electorales…. Proceso electoral de 2000 que aún estaba no concluido.

eduhdez@yahoo.com