Una política pública por el pueblo, del pueblo y para el pueblo

En nuestras colaboraciones, a partir de la serie de ensayos “México y su modelo de desarrollo”, hemos revisado los orígenes y características de dos sistemas fundamentales de organización de las sociedades humanas: los modelos imperial y democrático. Pero no queremos quedarnos en el análisis histórico y crítico, también propongo algunas ideas y procedimientos para políticas públicas que nos identifiquen con mecanismos más participativos, democráticos: por el pueblo, del pueblo y para el pueblo.

En el curso de manejo seguro del American Safety Council, se establecen cuatro procesos independientes para la toma de decisiones de manejar un vehículo con seguridad: 1) Identificar peligros reales y potenciales; 2) Pronosticar la evolución de los peligros identificados; 3) Decidir la acción de uno mismo; y 4) Ejecutar esa acción con cuidado y decisión. Los mismos procedimientos se aplican a todos los aspectos de la vida, incluidos -y en especial- a las políticas públicas, y al modo de operar de los políticos en el poder, o sea nuestros gobernantes.

Por ello, hemos construido, con base en las teorías lógicas, un método para llegar a una decisión de política pública basado en los siguientes pasos:

COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA, el cual incluye la absorción mental del diagnóstico previamente elaborado por un conocedor experimentado del problema y que incluye a todos los elementos relevantes del problema y que excluye a aquellos sin relevancia. Este estudio debe de ser elaborado por un conocedor del tema con un criterio independiente de los intereses propios o los del gobernante, condición casi imposible de cumplir en nuestro medio gobernado por las reglas del Modelo Imperial.

Las eficiencias del proceso debieran de comenzar con la selección óptima del sitio de la obra, sin considerar a los intereses particulares de los gobernantes y sus funcionarios (por ejemplo el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México).

Evidentemente, el gobernante debe de contar con un estudio del costo–beneficio mínimamente por estrato de población, por región o localidad, por sector, y para la ecología. Ya hay legislación federal a favor de estos estudios, pero falta mucho para llegar a la elaboración correcta e implementación abierta dado la preferencia para los intereses del gobernante avalados por el Modelo Imperial, y el desprecio real para los intereses del pueblo y desde luego de la nación, que estarían representados en un México que todavía no ha nacido, o cuando menos no ha despertado lo suficiente para apegarse a los métodos que señala el Modelo Democrático.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA FRENTE AL PUEBLO, el cual consiste en reflexionar sobre el diagnóstico presentado en el paso 1). Dichos diagnósticos, conocidos como “white papers” en las democracias avanzadas, son disponibles al público con tiempo y presentados ante académicos y estudiosos del problema aparte del público interesado mediante los medios masivos, especialmente la televisión, para que este paso sea efectivo y realmente productivo. En México, esto no ocurre y su lugar se toma por un resumen, apoyado por la instrucción contundente imperial, “¡Ponme todo en una tarjeta! ¡No voy a leer todo aquello!”.

El tiempo para el análisis del proyecto podría tardar hasta un año o más en un país desarrollado con un análisis contundente de sus posibles fallas y composturas correspondientes. Yo conozco casos de plantas de tratamiento de aguas negras en los Estados Unidos que han tardado hasta 5 años en el proceso de análisis y planeación. Es por ello que sus plantas no fallan, y las nuestras sí. En México, en cambio, se puede hacer este proceso en segundos si existe una instrucción superior al efecto.

En el Modelo Imperial, el análisis se considera un gran estorbo al poder del gobernante, como una intromisión indebida, definitivamente no bienvenida, con los resultados posteriores de obras carísimas con un alto grado de abandono como hemos señalado con las plantas de tratamiento de aguas negras. Pero esos riesgos no impiden que el gobernante vaya a autorizar nuevas plantas de tratamiento e inaugurarlas, ya que su funcionamiento continuo durante cuando menos un siglo más no le corresponde, ni siquiera para prever los recursos necesarios para su operación, mantenimiento, reparación, reposición y en su caso rehabilitación o expansión. Hay más…(EL AUTOR ES DOCTORADO EN ECONOMÍA POR LA  UNIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA, 1971. COLABORADOR DE DIARIO PRESENTE * Centro de Estudios e Investigación del Sureste AC)