Poner orden en educación

SALIDA.- Han sido muchas páginas que se han escrito de un penoso asunto que tiene mucho más aristas de las que en los medios y en redes sociales se han dado a conocer y tiene que ver nada menos que con la educación. Se requiere que alguien con autoridad moral le dé curso a las denuncias de irregularidades legal y quién mejor que el mismo rector Guillermo Narváez Osorio que además encabezó la secretaría de Educación antes que Egla Cornelio. Se esperaría que quien incluso ha ocupado el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, ponga orden en la UJAT, máxima casa de estudios del estado y no solo como se dijo, cesar a tres catedráticos involucrados en presuntos actos de corrupción, a quienes de seguro “les caerá el muerto” como se dice, porque eso no aclara nada: tiene que haber una acción importante y de fondo.

DOBLE SEIS

Como un “Gurú” de gran experiencia y sabiduría se presentó en la Comisión para la Postulación de Candidaturas del PRI, Rafael González Lastra  quien recibió los pre dictámenes de las Comisiones Municipales de Procesos Internos con las precandidaturas a las presidencias municipales de Tabasco, su presencia fue más que alentadora para quienes están manejando el proceso electoral 2020-2021, sesión en la que participaron el delegado del CEN, Genaro Abreu Barroso, Selene Mollinedo, Melina Flores y Fredy Chablé… El secretario de gobierno, José Antonio de la Vega fue testigo de la toma de protesta de la nueva directiva del Colegio de Notarios de Tabasco que encabeza Jorge Arturo Pérez Alonso, acto al que no podía faltar el gobernador Adán Augusto López, también notario… Fueron nueve los partidos políticos que acudieron al llamado de la CANACO cuyo dirigente Manuel Miranda les leyó su “carta a los Reyes Magos” y lo invitó a firmar un acuerdo para cuando termine el proceso electoral, pero faltó Morena, quizá porque siguen agarrados del chongo o porque están en el poder pero desdeñaron la invitación… Hay por lo menos 30 amparos contra la Ley Eléctrica. Son reacciones de los afectados que de forma natural buscan proteger sus intereses; lo que tiene que demostrar el Ejecutivo es que son intereses ilegítimos como se ha dicho.

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