“Por encima de la ley… ¿?

Incomprensible e injustificable que quienes desde la oposición contribuyeron a configurar un exigente sistema electoral mexicano autónomo además de atribuirles para sancionar aquellos actos y/o comportamiento violatorio a las reglas del juego, a los principios sobretodo de certeza y legalidad, ahora que están en el mando de la gobernanza pretendan desaparecer al árbitro electoral que sólo cumple con su rol de aplicar esa reforma política gestada en el Congreso, por legisladores con intereses ideológicos.

Un sistema electoral perfectible que hoy se tiene, gestado de desde 1977 que pluralizó la competencia de unos cuantos a más partidos en la puja por los cargos populares, para otorgarle en 1996 ese carácter de contrapeso democrático autónomo en sus decisiones, hasta implementar la fiscalización de cada peso y centavo del financiamiento de precampañas y campañas en el que ya no hay secreto bancario, ni fiduciario, ni fiscal.

Un Sistema Nacional de Elecciones el instaurado a partir de 2014 que le facultó al INE la rectoría también sobre los organismos públicos locales electorales a los que reglamenta, ha ejercido la atracción de alguna actividad delicada en cualquiera de los 32 comicios estatales, o bien la asunción de todo el proceso electoral cuando no hay condiciones en la entidad, sin olvidar que así como por convocatoria designa e igual puede quitar consejeros; son una garantía de que la función pública de organizar elecciones también independientes e imparciales, objetivas y con máxima publicidad.

En este trecho ya de 44 años se han incorporado elementos para robustecer el objetivo de renovar a las autoridades de gobierno en voluntad popular, extinguiendo paulatinamente la cultura de las ilegalidades e incertidumbre como cuando aquel seis de julio de 1988 se cayó el sistema, que abrió el camino a la institucionalización democrática creando el IFE, con ello una credencial de elector con medidas de seguridad y un padrón confiable en permanente actualización.

El INE y los organismos públicos locales que hoy tienen el desafío de llevar a cabo las correspondientes 32 elecciones estatales y la federal no son parte sino el árbitro que tienen la encomienda de conducirse con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de cada uno de sus acuerdos y actividades salvaguardando el acatamiento de las reglas de juego entre los competidores.

Los tiempos de un totalitarismo, imposiciones a chaleco, contraviniendo lo que desde el constituyente federal y local se emiten por decreto como la reforma electoral a la constitución y a la ley electoral no pueden pasarse por alto cuando el propósito es que halla una competencia en igualdad de condiciones, independientemente de estructuras y financiamiento.

Reprobable y repugnante que alguien en la inmoralidad rompa con el estado de derecho en este caso de orden electoral;  tome las instalaciones del Consejo General del INE, les amenace a sus integrantes contra consejeros electorales; paseen un ataúd entre la muchedumbre afín, al grado de atentar con que no se lleven a cabo la renovación de comicios para gubernatura en Guerrero.

No sólo tiene denuncias de ser un violador sexual sino que además es un violador a las reglas del juego electoral, cuando faltó a presentar su informe financiero de precampaña aun así halla sido por 1 mil 500 pesos o en ceros, considerando que la sanción de cancelar el registro a su candidatura se debe a un ordenamiento incumplido y no por una cantidad menor.

Aún más cuestionable que la dirigencia del partido político que le postuló se preste a este desfiguro, cuando éste tiene representación en el Consejo General, los 32 locales así como en las instancias auxiliares. Conocen y tienen voz en la deliberación sobre cada uno de los acuerdos que sólo consejeros electorales como árbitro votan y se ejecutan en pro del interés ciudadano que es el que en voluntad popular elige votar por mayoría a sus gobernantes, ejecutivos y legislativos.

Ahora bien, que se pretenda impulsar una reforma constitucional para desaparecer un sistema electoral que cumple con sus objetivos para instaurar uno sumiso al estado equivale a cortar con el principal de los contrapesos democráticos, que en lo que va del siglo de un país ha experimentado tres alternancias presidenciales de la República.

Guste o no las instituciones autónomas son contrapeso democrático que aseguran que contribuyen a una gestión administrativa y legislativa de gobierno orientada a cumplir igual con la delicada función de procurar el bien común, y no faccioso para loa afines.

Quienes antes estuvieron en la oposición y ahora están en el mando de la gobernanza  del país y de las 32 entidades federadas deberían regresar a su esencia democrática, y no mostrarse avasallados por sus propios demonios, las reiteradas actitudes fraudulentas que tanto advirtieron justo porque en la inclinación del tablero se les despojó de triunfos que eran suyos.

En todo caso hay de igual manera una instancia depositaria del control de constitucional en los procesos de renovación de gobierno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligado a actuar con probidad, a ocuparse de emitir sentencias con base en la ley a quienes recurren a impugnar.

Una instancia jurisdiccional que no debe ser obsequiosa cuando su obligación es la rectitud y probidad en la preservación del espíritu democrático.

Bitácora

La onda retro nomás no aplica en un acto tan sensible como de absoluta responsabilidad, las elecciones.  

eduhdez@yahoo.com