Poseídos por el mando

Muchos años y tantas personalidades se involucraron para contribuir a forjar las instituciones democráticas en México

Muchos años y tantas personalidades se involucraron para contribuir a forjar las instituciones democráticas en México, un contrapeso en la gobernabilidad del país como para que el régimen de la cuarta transformación pretenda aniquilar o bien tener a merced de la coyunturas su injerencista control, incluyéndoles a sus liderazgos quienes participaron en esfuerzo trascendentales como los organismos electorales no exentos de reiterados acechos por vulnerar su autonomía y legislación.

El Congreso de la Unión, la generalidad de los senadores y diputados, en su negligente ignorancia actúan por ocurrencias inadmisibles cuando se entiende que por la investidura representan los correspondientes intereses de la soberanía del pacto federado además de la voluntad popular y no obedecer una facción ideológica, que igual se debería entender procura el bien común; en realidad contrapuestos.    

Una sinrazón que en el servilismo de pretender agradar a quien desde el Palacio Nacional se ha declarado en el discurso ser afín a los ideales democráticos de Francisco I. Madero. Por el contrario, desorientados caen en el ridículo que les evidencia el error de la voluntad ciudadana en haber optado por elegir una generalidad de perfiles carentes de formación y convicción.

Pretenderían una violatoria  reforma otra vez al artículo 35 constitucional para que la consulta ciudadana, prevista a realizar el uno de agosto, sobre juicio a ex presidentes –que por ilegal tampoco debió proceder-, implicaría cargar aún más los dados, si se juntaran con las elecciones concurrentes del seis de junio de 2021 cuando renovarán ayuntamientos y/o congreso local en los 32 estados, incluidas 15 gubernaturas y los próximos 500 diputados federales que se suman a más de 21 cargos populares.

Aunque quisiera la bancada de congresistas mayoritarios afines a Morena y aliados, no procede tal barbarie análoga igual a la intentona por forzar llevar a cabo la revocación de mandato presidencial, en su caso agendada por propia reforma constitucional durante el primer trimestre de 2022, exactos 90 días de que en la eventualidad se valide la petición de cuando menos el tres por ciento del listado nominal de electores del INE.    

El artículo 105 constitucional que data de la reforma política de 1996 establece que cualquier cambio de carácter electoral incluso a la ley procedería sólo hasta el 31 de mayo anterior, igual 90 días previos al inicio del proceso que ya está en desarrollo desde el siete de septiembre por el Instituto Nacional Electoral como depositario de su organización con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.  

El precepto legal precisa que no procede en absoluto ninguna otra adecuación puede hacerse durante  el curso de las actividades preparatorias a las votaciones ni durante la judicialización dada a partir de  las impugnaciones de los resultados en los tribunales electorales. No es no y tampoco es ético meter ruido para el propósito de que al polemizar acechan a una partidocracia de capa caída.

El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reiteró la defensa de la autonomía institucional, el principal de los contrapesos democráticos a cargo de la renovación de las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas.

Cambiar caprichosamente el texto constitucional y sus las legislaciones en el ámbito electoral para el propósito de que así le conviene obtener mayores dividendos a quienes están empoderados ya no es posible hacerlo sobre las rodillas como solía suceder durante los 71 años del régimen priista del Siglo XX, autoritario y represor, dictatorial.

Para fortuna del Estado de Derecho hay procedimientos y los controles de constitucionalidad depositados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su extensión especializada que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque en la actual y anteriores gestiones ejecutivas han tendido a ser obsequiosos al oficialismo en sus sentencias.

El antecedente más reciente de pretender violentar el Estado de Derecho data de junio de 2019 cuando al Congreso de Baja California emitió la #LeyBonilla contraviniendo el artículo 8  transitorio local de la reforma política local de 2014, para extender de dos años previstos a cinco el período de un marrullero gobernador Jaime Bonilla, a semanas de celebrados los comicios.

Justo el 11 de mayo de este 2020, a siete meses de haber tomado posesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la #LeyBonilla ante una serie de violaciones, entre estas el 105 federal cuando ni siquiera se había emitido sentencia las impugnaciones a los resultados de la elección que le favorecieron, y menos concluido el proceso electoral local.

El Estado de Derecho; la constitución y sus legislaciones secundarias, en el ámbito nacional y de sus estados no están a capricho alguno como para que de la noche a la mañana se propongan iniciativas con proyecto de decreto, aun sin tener la argumentación sólida que represente un avance y no un retroceso en el cogobierno.

No se trata de estar a favor o en contra de la cuarta transformación en la gobernanza mexicana sino de anteponer un interés supremo que es al país y a quienes en él cohabitan, sobre la base de una sensata razón que se plasme en un bienestar de sus colectividades.

Bitácora

¿No que los cargos de súper delegados federales, que operan los programas sociales, no serían usados como trampolín político? en 10 de 15 estados donde hay renovación van por la gubernatura con la bandera de Morena. En 2019 el primero en beneficiarse fue Jaime Bonilla por Baja California, aunque sólo por dos años y no los cinco que pretendía.    

eduhdez@yahoo.com