De qué presumes…

Es opinión de este columnista que en el fondo de la forma la Iniciativa de Reforma Electoral sobre el andamiaje constitucional, impulsada por el «Régimen de la Cuarta Transformación» se pretende tener a merced al Árbitro, que desde la institucionalidad defiende su autonomía como organizador de las votaciones que por voluntad popular le han otorgado la presidencia, 20 gubernaturas, el Congreso de la Unión y 19 cámaras locales, además de gran parte de los 2 mil 400 municipios del país. 

Nada ni nadie opuso resistencias al crecimiento exponencial que ha tenido Morena, el «Movimiento» y sus afines coaligados. En 2021 el INE en uso de sus atribuciones incluso canceló los registros de candidaturas para gobernador de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y de Raúl Morón, en Michoacán, por no presentar informes de financiamiento en precampañas. 

Además, Salgado Macedonio llegó al extremo de tomar las instalaciones del Consejo General del INE y amenazó con extender su movilización hacia al domicilio de los consejeros electorales, en particular el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, por haberse ceñido por el Artículo 41, que como Árbitro Electoral se rige por los Principios Democráticos de «Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad». 

El diputado Pablo Sandoval, como superdelegado en Guerrero, violentó el artículo 134 constitucional que prohibe realizar propaganda personalizada con recursos y programas gubernamentales, ambicionando hacerse de un capital político por la candidatura; sin que la Fiscalía de Delitos Electorales, a cargo del exconsejero electoral José Agustín Ortíz Poinqueti, abriera una carpeta de investigación y le penalizara en económico ni hubo prisión por la gravedad, en términos de la ley.

Por lo contrario, los Actores Políticos del «Régimen de la Cuarta Transformación» y coaligados han transgredido la legalidad.

Fue el propio «Movimiento» que con su mayoría de diputados federales en el Congreso de la Unión los que legislaron las leyes reglamentarias en el caso de la Consulta Popular que hubo el 1 de agosto de 2021 y falsamente promovieron como «Juicio a Expresidentes», y para la «Revocación de Mandato» al Presidente de México en funciones, el 10 de abril de este 2022.

Sin embargo, contrario a sus propias leyes las violentaron al usurpar las funciones que le atribuyeron al Árbitro de ser el organizador y promover ambos instrumentos de participación ciudadana. Utilizaron financiamiento para su activismo y sus objetivos. Aun así no lograron más allá del 7 y 17 por ciento de boletas emitidas en cada caso, cuando el artículo 35 constitucional exige el 40 por ciento del listado nominal para lograr que el resultado fuera vinculante.   

Considera este columnista que el «Régimen de la Cuarta Transformación» evidencia el contrasentido para emitir legislaciones, en este caso de participación ciudadana que incluye la Elección de las Autoridades Públicas de Gobierno, que en los hechos no las observa y sí transgrede, espejeados en el ancestral origen priista de muchos. 

Sin simpatías ni antipatías, por supuesto que la Reforma Electoral estructuralmente es perfectible, aunque no se puede deshacerse un proceso de democratización de un Sistema que se tiene desde 1977, institucionalizado en octubre de 1990 y autónomo desde 1996, sumado a que por convocatoria pública se seleccionan y designan a los Consejos Electorales del INE y los de los reglamentados Organismos Públicos Locales. La Autoridad Pública de Gobierno ya nada tiene que ver en lo que hasta antes de 2014 fue un botín de cuotas y cuates.

Una Reforma Electoral más allá de sus bondades no conecta con la pertinencia en la coyuntura del 2024, cuando el 2 de junio precedida por actividades preparativas y campañas se eligen la Presidencia de la República y el Congreso de Unión, en concurrencia con 9 gubernaturas y todos los estados con renovaciones propias, para alcaldías y/o diputaciones.   

eduhdez@yahoo.com