¿Quién les entiende?

Nadie puede negar y sí reconocer la democratización del país a partir de la institucionalización de las elecciones en México durante los 30 años recientes, desde que por decreto fechado el seis de abril de 1990 emergió el Instituto Federal Electoral, entrado en funciones hasta octubre siguiente; luego cuando obtuvo su autonomía el 22  de agosto de 1996, hasta que el 10 de febrero de 2014 transitó al Instituto Nacional Electoral.

Para nada ha sido sencillo forjar una reputación en el entrado democrático del país, pese a que se le ha querido manchar por quienes no han sido favorecido con la voluntad ciudadana ni cuando se les conceden sus caprichos en este ámbito como en las entidades federativas, estas que tienen reglamentadas sus actividades en razón que desde 2014, ya no se mandan solos.

A la institucionalización de las elecciones, de la mano con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y locales como garante del control de constitucionalidad, el Sistema Nacional de Elecciones con la rectoría del INE está comprometido en vigilar que la competencia por los cargos de elección popular resulten del voto mayoritario; universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.  

Sin pretender hacer apología, su trayectoria le respalda, durante tres décadas a cumplir en octubre próximo, el IFE y el INE han sido garante en el equilibrio de una competencia cada vez ruda entre partidos y candidatos que aspiran a ser gobierno, ejecutivo y legislativo cuandoantaño el Presidente de la República imponía.

El primer Consejo General ciudadano presidido por José Woldemberg no tuvo reproche, apegado a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, durante el proceso 1999-2000, el dos de julio de ese año la voluntad popular optó por vez primera por la alternancia al votar en pro del panista Vicente Fox para Presidente de México y no del PRI, que vio truncado su régimen monopólico de 71años.

Antes el seis de julio de 1997 le correspondió al IFE de Woldemberg organizar sus primeras elecciones autónomas; la oposición al priismo en alianza parlamentaria le arrebató la mayoría de la cámara de diputados federal; la mayor representación la obtuvo el PRD con 137 diputaciones, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como dirigente.

El PRD con López Obrador entre 1996 y 1999 obtuvo sus primeras gubernaturas: en el Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas, en Zacatecas con Ricardo Monreal, Tlaxcala con Alfonso Sánchez Anaya, y Baja California Sur con Leonel Cota Montaño. 

Co este antecedente, el Presidente de México tampoco tiene argumentos alguno para desacreditar ni pretender controlar al INE que preside Lorenzo Córdova -como ya vulneró a otros órganos autónomos- cuando por un proceso genuinamente democrático se alzó con la victoria inobjetable el uno de julio de 2018, con el 53.16 por ciento de los votos de la voluntad popular.

Antes perdió las elecciones presidenciales del dos de julio de 2006 con el panista Felipe Calderón, se olvidó de hacer campaña para confrontarse con el presidente Fox. No ganó el panista, perdió López Obrador; con el priista Enrique Peña Nieto igual con una estrategia de campaña equivocada generó adversidades, pese a ello superó la votación presidencial primera.   

En su mañanera del lunes 22 de junio textualmente dijo: “Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del órgano electoral, con diplomacia -evitando entrar en controversia- aclaró que el INE es el guardián de las elecciones; en todo caso el mensaje presidencial fue dirigido a sus colaboradores en el gobierno.

Declaro afín Francisco I. Madero, el apóstol de la Democracia; sin embargo, está distante de seguir sus pasos en la asignatura de fortalecer esta institución democrática y sí de arrebatarle su autonomía por la que pugnó cuando opositor.

Un INE por el que han salido en su defensa quienes en su momento fueron presidentes y consejeros, incluido José Agustín Pinqueti, actual integrante del primer círculo de colaboradores del régimen de la cuarta transformación. Antes fue secretario en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

El próximo 2021 habrá elecciones locales concurrentes en los 32 estados; para diputados, excepto Quintana Roo, y ayuntamientos, excepto Durango; además de 15 gubernaturas y los 500 diputados federales.

El parámetro real para medir al régimen de la cuarta transformación será el seis de junio próximo cuando 90 millones 036 mil 367 ciudadanos, registrados en el listado nominal del INE al 27 de marzo de 2020, con credencial vigente ejercerían su voto.

El Sistema Nacional de Elecciones ha sido el contrapeso en el entramado democrático de este país, depositario único de la función pública en la organización de las elecciones que mandata el artículo 41 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en la renovación periódica de las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas, para Presidente de la República así como senadores y diputados al Congreso de la Unión.

En todo caso, si hay alguna inconformidad hay libertad de ejercer el derechos de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los estados en su propia instancia.

Ejemplos de procedencia los ha habido, como cuando en 2000 se anularon las elecciones para gobernador en Tabasco, en 2003 y 2015 en ambas ocasiones la gubernaturas de Colima; claro está con argumentos que contravienieron la constitucionalidad.

Bitácora

El Presidente de México deberá ser receptivo a las críticas que deriven de su informe conmemorativo a dos años de su triunfo electoral este uno de  julio.

eduhdez@yahoo.com