Quitar “piso social” a la delincuencia, pero también fortalecer el combate a las bandas

Quitar “piso social” a la delincuencia, pero también fortalecer el combate a las bandas

*En agosto disminuyeron los homicidios en Tabasco, reporte oficial

*Reorientar programas sociales hacia zonas de incidencia delictiva

*Rechaza la Corte quitar recursos a partidos políticos en la entidad

Víctor M. Sámano Labastida

DURANTE 2018 la ciudad de Tijuana fue la más violenta del mundo, de acuerdo a un reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Una clasificación de este organismo señala que en segundo sitio se ubicó Acapulco (Guerrero) y en tercer lugar Caracas (Venezuela); siguen otras tres urbes mexicanas: Ciudad Victoria (Tamaulipas), Ciudad Juárez (Chihuahua) e Irapuato (Guanajuato).

En las primeras el centro de la disputa es el mercado de las drogas, en la última se debió al control de la venta clandestina de la gasolina. Precisamente al combate del llamado “huachicoleo” destinó el nuevo gobierno federal su mayor esfuerzo iniciando la administración.

Hasta junio de este 2019, por entidades Colima se ubicaba con la más alta tasa de crímenes con 40.71 por cada 100 mil habitantes; supera en más de 3.5 veces el promedio nacional de 11.6; en segundo sitio se ubica  Baja California, seguido de Chihuahua, Guanajuato y Morelos.

Podemos observar que salvo casos como Chihuahua y Baja California con permanente incidencia criminal, el mapa delictivo se mueve; de la misma forma que estados como Yucatán y Campeche, se mantienen como los más pacíficos del país.

SOSTENERLO A LA BAJA

RECIENTEMENTE, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, destacó que el mes de agosto cerró con una disminución en la incidencia de homicidios. Durante toma de posesión del nuevo comandante de la Trigésima Zona Militar, José Fausto Torres Sánchez, en sustitución de Pedro Escalera Cobián, sostuvo que se consolidará la coordinación institucional con las fuerzas armadas.

En julio arribaron a Tabasco los efectivos de la Guardia Nacional que se suman a los que ya estaban desplegados en la frontera con Guatemala. Se prevé que sean mil 400 los integrantes de la nueva corporación en la entidad.

Actualmente participan en los operativos de seguridad 13 mil 831 efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Armada de México y policías de los tres órdenes de gobierno, según informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego. A estos hay que añadir a jueces, investigadores y todos los que integran al Poder Judicial y la fiscalía, responsables también de asegurar la protección de las víctimas y el castigo a los victimarios. El combate a la impunidad es determinante para quitarle incentivos al delito.

La disminución de los homicidios y otros ilícitos son una buena noticia; el objetivo es conseguir un entorno permanente de seguridad.

MOVER EL PISO

PARA López Obrador, la clave son tres acciones: “quitarle piso social” a la delincuencia, con la consolidación de los programas sociales; la puesta en marcha de la Guardia Nacional y cero tolerancia a la corrupción gubernamental.

Edna Jaime, del equipo de México Evalúa, destacó en mayo pasado que habiendo transcurrido seis meses del gobierno de AMLO el caso de Guerrero, donde los primeros meses hubo un descenso en el número de homicidios, permitía observar como posible revertir la tendencia del aumento de crímenes registrada desde finales del 2006.

Refirió la hipótesis de Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad pública, quien basándose en un estudio de Romain Le Cour y otros investigadores, que el desplome de los precios del opio se asoció a una reducción de la violencia. (El Financiero, 31 de mayo, 2019)

Si se confirma esta hipótesis, subraya Jaime, sería “la oportunidad de intervenir en algunas comunidades de Guerrero, ahora que la violencia es menor y buscar alternativas para que no haya retorno a la actividad criminal. En el estudio de Romain Le Cour se propone, entre otras cosas, la sustitución de cultivos. Y creo que toda iniciativa que construya alternativas a la ruta criminal debe ser considerada con seriedad”.

De esta manera, propone focalizar los programas sociales para atender a las poblaciones que más requieren la intervención del Estado. Para este año son más 250 mil millones en acciones prioritarias. No es la única medida, pero puede cambiar la ecuación, apuntó.

Hay datos que nos indican que no son necesariamente las regiones pobres donde se asienta la delincuencia organizada –estados como Oaxaca y Chiapas no se ubican en los primeros sitios-, sino donde la debilidad de la autoridad permite a las bandas el control de extensos territorios.

Una acción que ofrezca opciones de empleo remunerados, junto al fortalecimiento de los cuerpos policiacos, resulta definitivo.

AL MARGEN

CONTRARIO a lo sucedido en Jalisco, donde en agosto de 2017 la Suprema Corte la llamada “Ley Kumamoto” para reducir los recursos destinados estatalmente a los partidos políticos, en el caso de Tabasco los ministros consideraron ayer que el recorte del 50 por ciento del dinero para los partidos aprobado en septiembre de 2018 en esta entidad es anticonstitucional.

La reforma tabasqueña había sido iniciativa de Morena, pero fue impugnada por el PRI, PRD y Partido Verde. Antes, en Yucatán, la Corte también había invalidado una ley que quitaba recursos a los partidos para destinarlos a la asistencia social; la norma yucateca estaba impugnada por Morena.

En el caso tabasqueño, los ministros sostuvieron que tales reformas eran contrarias los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.

Morena busca una reducción del dinero a los partidos a nivel federal. (vmsamano@hotmail.com)