Rechaza AMLO fraudes electorales; habrá despidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, fueron citados por los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para comparecer por una denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el supuesto uso de recursos públicos para promover la imagen del mandatario. Según el partido del que alguna vez fue dirigente y candidato el actual Jefe del Ejecutivo, el nuevo gobierno creó la estructura “Siervos de la Nación” con fines electorales y de propaganda.

En respuesta, el Presidente informó que no acudiría ante el INE debido a que viajaría a Chihuahua como parte de su gira por hospitales rurales, pero en cambio envió una carta en su defensa.

Dirigido al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, el mandatario federal expuso: “Nunca he recurrido o participado en fraudes electorales, por el contrario, los he padecido y he dedicado muchos años a combatirlos”. Inclusive, señala, impulsó una reforma para que el fraude electoral sea considerado delito grave.

De la misma forma, argumenta AMLO, “por convicción, nunca jamás permitiremos que el presupuesto federal sea utilizado por funcionarios para beneficio de ningún candidato o partido como sucedía en los gobiernos anteriores”.

Otros presidentes fueron citados en su momento por el INE, también ante denuncias de utilizar los recursos públicos para promoción personalizada. Así sucedió con Felipe Calderón en 2011 y con Enrique Peña Nieto en 2015. Ninguno de los dos acudió, pero la respuesta de López Obrador ha sido la más contundente.

En fechas recientes, el mandatario federal insistió en que no sólo él se mantiene fuera de la actividad electoral y de los procesos internos de los partidos políticos, sino que dio instrucciones públicas a los funcionarios de su gobierno para que no intervengan. Serán despedidos quienes cometan delitos electorales y deberán responder ante la Fiscalía, dijo.

Es un tema complejo. Quizá por eso López Obrador pide una actitud vigilante de sus colaboradores. Sabe que la oposición estará muy atenta a cualquier resbalón posible –y hasta imaginable- de quien se propone cambiar de raíz el viejo sistema. Las mismas leyes y conductas que promueve este gobierno serán utilizadas para enjuiciarlo. Sin duda que habrá excesos; los consejeros del INE y los magistrados del tribunal electoral deberán estar preparados para una avalancha de denuncias, con razón o sin razón.

Esto también sucederá en los estados. Debemos entender que es una batalla política en la que inclusive se pone en juego la supervivencia de partidos que crecieron y se enriquecieron en un sistema sin controles.

Los colaboradores de López Obrador en todos los niveles tienen que ser extremosos en el cuidado de cómo actúan. Más todavía ahora que el partido en el poder –Morena- vive una intensa lucha interna por el relevo de su dirigencia nacional y las de los estados. Es mucha la tentación de los funcionarios por intervenir en colocar sus piezas en la estructura del partido, porque consideran que de esa forma estarán metiendo un pie dentro del reparto de las futuras candidaturas.

Aunque se trata de una contienda interna, no sólo existe un pleito público entre los grupos y tribus morenistas; también hay y habrá intervención de los opositores, sobre todo para documentar la presunta participación de funcionarios. Es una oportunidad que piensa tener para contrarrestar la fuerza que hasta ahora muestra Morena.

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Entre los excesos que ya vimos para el uso y abuso de las leyes están las demandas por la desaparición de poderes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas, hechas por los legisladores del PAN y Morena. Resultó evidente que se trata de una revancha partidista y no una preocupación real por lo que ocurre en aquellas entidades sometidas a la inseguridad y a la violencia. Luego de que el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresaron su desacuerdo, Ricardo Monreal presidente del Senado aseguró que los representantes de los partidos que presentaron los recursos legales acordaron “llevar la fiesta en paz”.

Para que no que la impresión de que se negoció la ley, Monreal explicó: “tengo claridad en que lo que surge como motivación política se tiene que resolver con conciliación política”. Esto es, ni más ni menos, decir que no había motivaciones ciudadanas sino sólo partidistas. Ojalá que ahora los legisladores se ocupen realmente de dar seguimiento a la situación e inseguridad que padecen varios estados.