Reformas anti chantaje, no contra protestas

No sólo es necesario sino indispensable frenar a la delincuencia disfrazada de reclamo social. Mucho se habló de la “industria de la reclamación”, pero lamentablemente luego se pasó a la “industria de la extorsión”. Tabasco se colocó en los primeros lugares en el país por una peculiar forma de chantaje: sindicatos y seudosindicatos, mafias encubiertas en inexistentes organizaciones civiles, y hasta familias delincuenciales, establecían cuotas para permitir el libre tránsito o la ejecución de una obra. Eso se acabó, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador; también lo subrayó el gobernador Adán Augusto López Hernández.

A medida que pase el tiempo y se vayan presentando algunas manifestaciones, y el gobierno dé respuesta, se confirmarán los beneficios de las modificaciones al Código Penal que penalizan con mayor rigor los bloqueos cuando se llega al grado de extorsión a las empresas que le trabajan a Pemex, por ejemplo, y donde son detenidas por personas que cobran para dar el libre paso.

Algunos le han llamado la Ley Antimarcha. Y con esta bandera quisieron involucrar a las fuerzas de izquierda, Pero en realidad se trata de una serie de preceptos anti extorsión. En una conferencia de prensa el propio gobernador Adán Augusto explicó lo alcances de la iniciativa y agradeció a los diputados su compromiso con Tabasco y su desarrollo.  El responsable de la política interna, Marcos Rosendo Medina Filigrana, explicó también que no se prohíbe la libre manifestación; se busca acabar con quienes escudándose en una supuesta lucha social extorsionan, ´ponen sus lías´ y quieren cobrar cuotas, o exigen que se contrate de forma ilegal a su personal.

Ahí radica el punto central de la ley. Aunque se habla de que los manifestantes que se hagan presente en la marchas de forma legítima, no tendrán problemas, porque existe el derecho constitucional a manifestarse.

El cuerpo quedó de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y Obras Públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten. La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

Habrá que hacer varios ejercicios para una difusión puntual del documento que fue avalado en el Congreso con 24 votos a favor. También para que no se pretexto de “campañitas” se los enemigos agazapados que tienen intereses en partidos o grupos que ansían retornar al poder.

Sobre todo porque varias voces despertaron, algunas con nombres y otras en el anonimato, pero bajo el mismo tratamiento, pretender distorsionar, y hacer que los ciudadanos entren en una lucha interna, lo que no convienen ni hoy ni nunca, sobre todo porque una cosa son los ideales y otra la extorsión.

Además lo que se busca es darles más confianza y seguridad a los inversionistas que en breve pondrán sus recursos en el estado. Será una manera de colocar candados a quienes estaban sueltos y no entendían con el diálogo.

Por su parte el dirigente de Morena en la entidad, César Burelo, dijo que con el incremento de las penas para quienes bloqueen la ejecución de trabajos de obras públicas o privadas, el gobierno estatal busca poner orden. Es una exigencia ciudadana.

PRIMERA PARADA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que le gusta la gente que luche, pero solo los que son movidos por causas justas.  Lo anterior, al señalar que hay grupos que están protestando frente a Palacio Nacional, porque ahora los apoyos se entregan directamente a la gente y ya no a representantes, y advirtió que no va a ceder ante estos grupos. Ahí también: nada con el chantaje.

SEGUNDA PARADA

La Fiscalía General del Estado, reportó que el 20 por ciento de los aspirantes a fiscales en jefe, fiscales en Ministerio Público, peritos y policías de investigación no aprobaron el examen de control de confianza. Al respecto, el titular de la dependencia, Jaime Lastra Bastar, explicó que de los 170 aspirantes que se inscribieron para cubrir las vacantes, afortunadamente quedó la mayoría, el 80 por ciento.

PARADA ESPECIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador reculó en su intención de desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pero advirtió que continuará sus funciones bajo una nueva corriente de pensamiento alejada del neoliberalismo y un plan de austeridad que incluye un ajuste a la remuneración del titular de la institución.