La deuda pública y las nuevas reformas
Las reformas recientes buscan reestructurar la economía, pero el manejo de la deuda pública sigue siendo un desafío.
Los ingresos de un país se basan en la forma en que se establecen mercados estructurados con empresas que generan negocios, y que, en conjunto con el gasto en el desarrollo económico por parte de la nación, contribuyen a generar un crecimiento en función del producto interno bruto.
Hoy en día, no tener deuda para completar el gasto corriente, no funciona un país, y no tener déficit, dificulta aumentar el PIB. Esto debe ser controlado, y en función de tener el control de la economía, y no depender de otros para poder acceder al dinero que circula en el mundo.
La deuda neta de México ha aumentado en 1.28 Billones de pesos de enero a junio de 2024 en 1.28 Billones de pesos. Al cierre del 2023, eran 14.86 billones.
La evaluación de la deuda como porcentaje del PIB es un indicador que no revela la realidad del problema de cuánto dinero realmente debe un país.
En México, la secretaria de Hacienda y Crédito Público, identifica tres indicadores fundamentales de la deuda pública, y los cuales representan todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas de forma directa o a través de sus agentes financieros. En primer lugar, se clasifican la deuda del gobierno federal, la deuda del sector público, que incluye las deudas de las empresas productivas del estado (PEMEX y CFE), y, finalmente, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público.
Se ha llevado a cabo un balance correspondiente al año 2018 al 2024 con datos de la SHCP, al considerar el acumulado del mes de junio de cada año, se ha constatado que:
- La deuda del sector público, e incluida la del gobierno federal, ha aumentado en un 53 %
- La deuda interna aumento en un 85 %
- La deuda externa subió un 9 %
La conclusión: La deuda neta de México ha experimentado un aumento y esto se debe principalmente a que el déficit del 2018 era de 474 mil millones de pesos, y ahora en 2024 será de 1.74 billones de pesos, y estos dineros han sido cubiertos por deuda pública. Aproximadamente cinco a seis veces superior al promedio observado entre 2007 y 2017.
El producto interno bruto a precios actuales, y con datos de la secretaria de Hacienda, INEGI y Banco mundial, podemos encontrar que en 2018 era de 24.17 Billones de pesos, y al cierre del 2023 a 31,72 billones. Se incrementó un 35 %
La deuda en el mismo período analizado experimentó un incremento del 37 %, desde 10.83 hasta 14.86 billones de pesos.
La forma de anunciar la deuda, si aumenta o disminuye en función del PIB en porcentaje de este, solo indica en el momento del acumulado anual, pero no indica la tendencia en dinero real del total que debe un país.
Se ha mencionado en México que la deuda no ha superado el 50 % en comparación con el PIB, lo cual es correcto, pero inexacto al hacer un balance económico en función del dinero, debido a que los porcentajes han variado principalmente debido a que el PIB ha aumentado en mayor proporción respecto a la deuda del 2020 al 2023.
En 2020, el PIB total era de 24.10 billones de pesos, mientras que la deuda en 12.02 billones, lo que indicaba un porcentaje del 49.88 %. Sin embargo, en 2023, se disminuyó a un 46.86 % en relación con el PIB, debido a que este último fue de 31.72 billones y la deuda fue de 14.86.
Resumen: Si se incrementa el PIB, es factible disminuir el porcentaje de la deuda pública en relación con este. Esto da margen al poder tener un mayor déficit, y esto es una tentación que México no debería estar involucrándose.
En 2025, México desea incrementar el gasto, y enfocar el 70 % del dinero en el desarrollo social, lo cual ocasionará un incremento en el déficit y, por consiguiente, una mayor deuda.
Es necesario incorporar a este análisis la propuesta de modificar diversos artículos de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a simplificación orgánica, y que estos cambios están siendo discutidos en la cámara de diputados. En la cual se pretende eliminar ciertos órganos reguladores, y los cuales contribuyen a asegurar la confianza en algunos mercados en el desarrollo económico del país.
Los órganos reguladores tienen la misión de promover la libre competencia, supervisar el cumplimiento de las normas del sector, promover una mejora en la calidad del servicio y velar por el establecimiento de tarifas razonables y por el respeto a los derechos de los consumidores.
Ante su posible eliminación, quien haría las funciones de estos, y si son reacomodados en otras instancias. Se deberá establecer una coordinación adecuada en la que serán instalados para operar, con el objetivo de no generar un conflicto de interés; o simplemente no establecer un piso parejo para los otros entes que pueden ser regulados dentro de los diferentes mercados donde estén.
Un ejemplo, podría surgir en el mercado energético, ya que si PEMEX, y CFE, vuelven a ser empresas estatales, como se pretende, podrían caer en un mercado monopólico, y no habría piso parejo para los otros entes que participan en el mercado.
Los órganos reguladores que desaparezcan o integren alguna dependencia o secretaria, generarán una distorsión, y posiblemente un mayor estrés en los ingresos del país.
Es importante tener en cuenta que el 85 % de los exportados de México al mundo son enviados a Estados Unidos y Canadá, que forman parte del Tratado de Libre Comercio establecido en el año 2020, y que no es un acuerdo político, sino comercial, donde existen ciertas normas, términos y condiciones que deben ser cumplidas. En caso de incumplimiento de alguna de las partes en algo que afecte al TMEC, podría ser complicada la revisión en 2026. Esto podría afectar las entradas de dinero y negocios en México, debido a la incertidumbre que podría surgir.
Los cambios planteados por el ejecutivo, y en discusión en el ámbito legislativo, en el caso de aprobar de esta manera, México estaría incumpliendo el TMEC en el capítulo 28 sobre SEGURIDAD REGULATORIA, y el 22 en relación con EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO Y MONOPOLIOS DESIGNADOS.
Esto ocasionaría incertidumbre, y una desaceleración del Nearshoring, debido a la falta de certeza jurídica. No habría certidumbre en los mercados, ya que no existirían órganos reguladores con sus propias decisiones; y adonde sean integrados los roles establecidos de estos, podría caerse en ser juez y parte, ante el posible monopolio que pudiera haber por las empresas del estado.
Sin el dinero, no hay forma de incrementar el gasto de una nación. La cual está sujeta a los ingresos que puedan surgir de los impuestos de una inversión directa extranjera al invertir en instalarse, operar e impulsar el negocio en un mercado con un piso parejo.
Hoy el ingreso está limitado, ya que se acota a un número de empresas que se mantienen en el mercado mexicano. Si no hay peculio, no habrá forma de tener un 70 % en gasto en desarrollo social, y deberá haber un mayor déficit, y, por lo tanto, más deuda pública. Si no crece el PIB, estaremos destinados a que la forma de medir la deuda respecto a esta podría estar por arriba del porcentaje observado en los últimos años.
(– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)