OPINIÓN

Reglamentar la publicidad oficial, tema controversial
10/04/2018

Desde hace unos días el Congreso de la Unión se encuentra trabajando a todo vapor para cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la obliga a crear una ley reglamentaria del artículo 134 de nuestra carta magna, relativo a la difusión realizada por poderes públicos sobre las acciones de gobierno.

No fue por iniciativa propia. La historia inició el pasado 23 de mayo de 2014, cuando la asociación civil Artículo 19 promovió un juicio de amparo por la omisión del Congreso de la Unión en expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución.

Esta organización alegó ante los tribunales que con la omisión legislativa se violentaba la constitución mexicana y diversos tratados en materia de derechos humanos relacionados con la libertad de expresión y otros en materia de corrupción.

Ante ello, la SCJN admitió y resolvió que la organización tenía la razón al argumentar que la omisión legislativa violentaba los derechos humanos. Omisión que según las organizaciones civiles, que durante años han documentado el despilfarro del gobierno federal, lo que inició desde el 10 de febrero de 2014, cuando se estableció la obligación expresa al Poder Legislativo para que reglamentara el ejercicio de la publicidad oficial a más tardar en el mes de abril de 2014. Lo que nunca ocurrió.

Con la reglamentación se pondría fin a un tema controversial en México, muy cuestionada por sus implicaciones en el ejercicio del gasto público, en las campañas políticas y en la libertad de expresión. Organizaciones no gubernamentales sostienen que la publicidad oficial ha sido utilizada para controlar la cobertura de los medios de comunicación y para censurar opiniones de periodistas de oposición. Se premian a los medios afines y se castiga a los incómodos.

El asunto no es menor. La discrecionalidad en el uso de recursos para este asunto nos ha constado a los mexicanos, tan solo del año 2013 a 2017, más de 38 mil 247 millones de pesos.

En el año 2013 el Congreso de la Unión aprobó el ejercicio de 5 mil 481 millones de pesos, sin embargo, este presupuesto fue superado ampliamente por el ejecutivo federal, quien terminó ejerciendo un total de 8 mil 154 millones de pesos.

Para el año 2014 la historia se repitió. El Congreso aprobó un presupuesto para Comunicación Social de 5 mil 526 millones de pesos. Sin embargo el ejecutivo federal terminó ejerciendo 7 mil 461 millones de pesos.

En el año 2015 el presupuesto originalmente aprobado fue de 5 mil 510 millones de pesos y terminó ejerciendo 9 mil 946 millones de pesos.

Para el año 2016 los legisladores federales redujeron el monto aprobado en años anteriores y le destinaron 4 mil 580 millones de pesos al gasto de publicad oficial. Sin embargo, para la presidencia de la república ese monto resultaba insuficiente, por lo que terminó ejerciendo 10 mil 698 millones de pesos. Hasta finales del 2017 se tenía documentado la aplicación de más de 7 mil 800 millones de pesos.

Año con año los recursos ejercidos en propaganda gubernamental se incrementaron. Sin mayor criterio sobre en su aplicación que los intereses de la presidencia de la república. Por lo que la nueva ley que debe aprobarse antes del 30 de abril de este año vendrá a poner reglas claras al uso de estos recursos.

En unos días conoceremos las reglas con las que se ejercerá el gasto para publicidad oficial, y será a partir de ahí que las entidades federativas deberán aprobar una norma local, trabajo que corresponderá a los Congresos estatales en un asunto que es necesario, pero que debe ser regulado.




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