OPINIÓN

NOTA BENE

Reglas claras, amistades largas
07/02/2020

Los comentarios recientes del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que va a proponer cambios legislativos que garanticen la libertad de expresión y la erradicación de la censura así como para preservar el derecho de réplica de los ciudadanos respecto a noticias o reportajes en los que se vean implicados, pone sobre la mesa la evidencia de que sigue sin resolverse el asunto de los Medios de Comunicación y del derecho a la información en México. Además, sigue sin aclararse el rasero o los criterios empleados para la distribución de la publicidad oficial desde el gobierno de la República y en general de todos los órdenes de poder en nuestro país. Sin ser un problema exclusivo de México si se ha agravado en nuestra sociedad porque a la vista están los gravísimos problemas financieros que aquejan a los grandes medios y también a los del interior de la República que están cerrando a mansalva por su inviabilidad. El hecho de que ya existan cada vez más voces, algunas aquí en Tabasco, que pidan el cierre de las carreras de Comunicación por la falta de puestos de trabajo para sus egresados, es sintomático de la curva descendente de lealtad que existe entre los ciudadanos y los periodistas sin que nadie, o muy pocos, pongan en cuestión de que de lo que se trata es de preservar una de las libertades más importantes de los seres humanos y consagrada en la Carta Universal de sus derechos: La Libertad de Expresión. El estado, como tal, permanece ausente en ese asunto y aplica el principio liberal de "dejar hacer, dejar pasar" a la espera de que el mismo mercado se encargue de eliminar a los más débiles. El abuso de publicidad oficial en algunos medios, contrasta con las restricciones a otros. Esto refleja una realidad en la que los métodos más frontales y directos de presión gubernamental -como los ataques físicos, o en las redes sociales, o los procesos judiciales contra periodistas como el de Sergio Aguayo- han declinado en pos de mecanismos más sofisticados, más complejos y menos visibles para silenciar a las voces críticas. Dentro de estas "sutiles" formas de censura se encuentran las presiones por medio de la distribución de la publicidad oficial. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe específicamente la restricción de la libertad de expresión "por vías o medios indirectos". Del mismo modo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que "la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley". El efecto inhibitorio, que viene de antiguo y no es aplicable en exclusiva al gobierno de AMLO, es particularmente fuerte en países como el nuestro, donde la publicidad oficial es esencial para la supervivencia financiera de muchos medios de comunicación, sobre todo en los estados. El juego de presiones a través de la pauta también se multiplica frente a la actual precarización laboral de los periodistas. Es necesario, entonces, que se dicten reglas claras. Establecer esas reglas no es una tarea sencilla, pero ellas deben estar regidas por principios tales como la transparencia, la igualdad de posibilidades en el acceso a la publicidad, la no discriminación de aquellos que sean críticos de la labor del gobierno y la posibilidad de controlar a quienes toman la decisión de colocarla publicidad que se compra con dinero público.




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