Sorprendentes, sin duda alguna, las declaraciones del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  en relación con los hechos ocurridos el cinco de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora,  en la Guardería ABC, donde perdieron la vida 49 menores y 106 más resultaron heridos.

Llama la atención que el Ministro Zaldívar, pasado el tiempo (más de doce años) afirme que en el gobierno de Felipe Calderón existió lo que él llama una “operación de estado” para proteger a la familia de doña Margarita Zavala y altos funcionarios con motivo de ese doloroso acontecimiento.

Tal revelación ocurrió hace unos días durante la presentación de su libro: “Diez años de Derechos.  Autobiografía jurisprudencial”, en la cual el Ministro dijo: “Puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente y altos funcionarios públicos de ese Gobierno”.

Y, abundó que, en su momento, para elaborar el proyecto de resolución con motivo de la investigación de esos hechos, se entrevistó con las madres y padres de los niños de la Guardería e incluso recibió denuncias de que Directivos del IMSS alteraron expedientes de los menores  fallecidos y lesionados, para que no se les pagara lo que se les tenía que pagar.

Refirió que el Gobierno de Felipe Calderón no permitió que los niños fueran trasladados a un  hospital en Sacramento, California, porque “no quería que el escándalo se hiciera más grande” y que ya elaborado el proyecto de resolución, previo a su presentación, “por una cuestión de elemental lealtad institucional” le avisó al Secretario de Gobernación   (Fernando Gómez Mont), quien fue a verlo a su oficina y estuvieron platicando un buen rato. Esa vez en algún momento se suscitó una discusión; según palabras del Ministro, la plática concluyó cuando el Secretario le dijo que el Presidente “no lo había apoyado para esto”. La respuesta del Ministro fue “dile al Presidente que postuló a un Ministro, no designó a un secretario de Estado, que yo no soy un empleado”.

Hasta aquí el relato en las declaraciones del Ministro Zaldívar; empero, llama la atención el tiempo que ha pasado, y no se alcanza a distinguir por qué o a cuenta de qué, el Ministro Presidente del máximo Tribunal de la Nación recuerda públicamente ese tema.

Obsérvese que un tema recurrente en el país es lo relativo a la presión que los Presidentes ejercen sobre miembros de un gabinete para adecuar y/o ajustar los planes de gobierno a lo que son sus deseos o proyectos personales.

Empero aquí no se trata de la presión a un miembro de un gabinete de un gobierno, que como tal comúnmente (aunque no es lo ideal) obedecen con lealtad e institucionalidad a las instrucciones del Presidente, por el simple hecho de ser el autor de la propuesta de sus nombramientos.

Pero esta vez, el Ministro se refirió a la presión Presidencial a quien representa a uno de los poderes de la Unión, el Poder Judicial de la Federación.

De ahí la sorpresa ante tales declaraciones, pues si ese tipo de presiones ocurren en el Máximo Tribunal de la Nación, imagínese amable lector, ¿qué se puede esperar de la labor de los magistrados de los poderes judiciales locales?

Pero más allá de eso ¿cómo queda el trabajo de las Fiscalías y los Ministerios Públicos y ni que decir de los subalternos y policías cuando vemos cómo se caen investigaciones que muchas veces ni siquiera se alcanzan determinar con el ejercicio de la acción penal?

¿Será acaso --esa elemental lealtad institucional--  la razón de lo que en ocasiones se habla de fracaso de las autoridades en algunos casos relacionados con la justicia? o ¿esa presión a la postre influye para que se siga diciendo que en México sigue imperando la impunidad? ¿O la autonomía obliga a la lealtad institucional?

Como que algo anda mal en el país. Y no de ahora, precisamente.

Pero en fin, como decía el Decano del Periodismo (QEPD) Don Trino Malpica, ahí queda eso. (mail: altar_mayor@yahoo.com.mx)