Robar… ¿es lícito?

El petróleo que debió ser ese garbanzo de a libra para apuntalar un pujante desarrollo y crecimiento como país y sus colectividades socioeconómicas se quedó en el discurso retórico, cuando la incuantificable rentabilidad multimillonaria no se reflejó en la transición del tercermundismo al anhelo de prosperidad. Por el contrario, desde el boom de la década de los 70’s el negocio quedó en el robo descarado de las clase gobernantes.

La práctica desde sexenios atrás del huachicol: sustracción de gasolina y diesel, que el Gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador estimó en 60 mil millones de dólares anuales develó también que el 80 por ciento de este recurso finito lo hicieron desde las mismas refinerías, por lo que compete a funcionarios de alto y mediano nivel de Petróleos Mexicanos, delincuentes de cuello blancos, a diferencia de quienes lo extraen de los ductos.

Una insultante rapiña en ambos casos contrastante con aquella elocuente expresión acuñada por el ex presidente José López Portillo quien llamó a “administrar la riqueza”, a propósito de la alta producción lograda desde aquellos ayeres, sobre todo en el  sureste mexicano en donde destacó el activo Cantarell, en aguas someras de Ciudad del Carmen, Campeche, que por sí mismo aportó diario millones de barriles del hidrocarburo hasta 3.4 millones, su pico más alto con Vicente Fox al Quezada.

La estadística de coyuntura del Banco de México consigna que el hidrocarburo alcanzó su cotización más alta el 14 de julio de 2008: 132.17 dólares por barril en el sexenio de Felipe Calderón quien lo  heredó en 97 dólares a Enrique Peña Nieto para éste enfrentar una caída libre al depreciarse hasta los 20.32 dólares el 21 de enero de 2016 repuntando a los 74.28 dólares el 15 de octubre de 2018 y volver a la paulatina baja a 47.02 dólares este cuatro de enero, iniciado el gobierno de López Obrador.

El inmisericorde asalto a la renta del energético se dio principalmente durante los sexenios priistas que acumularon inmensas fortunas al cobijo de la corrupción e impunidad, y el mexicano común sigue miserable.

A la fecha no ha habido juicio ni penalización para los implicados excepto cuando a Jorge Díaz Serrano, ex director de Petróleos Mexicanos con López Portillo, políticamente se le desaforó de su investidura como diputado federal para encarcelarlo durante cinco años, no tanto por el cohecho que fue la coartada, ya con Miguel de la Madrid Hurtado como Presidente.

Durante el régimen de los sexenios presidenciales panistas hubo también el robo y complicidades injerencistas para hacer negocios al amparo del poder; caso específico de los hijos de Martha Sahagún, cónyuge de Fox Quezada, quienes se montaron como contratistas de Petróleos Mexicanos a través de Oceanografía, sin que se hubiese cumplido a cabalidad los contratos asignados.

A la familia de Juan Camilo Mouriño, extinto Secretario de Gobernación con Calderón Hinojosa, se le vinculó igual en contubernio, aunque desde mucho tiempo atrás ya eran empresarios de gasolineras.

Aún más reciente, quedó en evidencia la colusión de Emilio Lozoya quien desde antes de arribar como Director de Petróleos Mexicanos durante la campaña de Peña Nieto pactó con la brasileña Odebrech contratos, a cambio recibió la aportación de 10 millones de dólares, justo para financiar la puja por el poder presidencial del 2012.

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, abrió la carpeta de investigación a las denuncias recibidas de los opositores. Sin embargo, fue destituido del cargo de tajo por la Procuraduría General de la República al haber ventilado el acoso del ex director de Pemex en su pretensión de que se cerrase el caso y además esperar recibir una disculpa pública.

Imperdonable también son los un mil millones de pesos que la empresa paraestatal le transfirió al sindicato petrolero liderado por Carlos Romero Deschamps, en su caso para fondear ese año 2000 al candidato priista a la presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa quien antes de su designación entre sus funciones públicas asumió como Secretario de Energía.

Aplicar la justicia

El Gobierno de México en funciones tendrá que romper con la promesa del borrón y cuenta nueva para el caso de la larga lista de corrupción en la industria petrolera, una situación que con claridad siempre fue evidente por quienes les antecedieron en el mando presidencial, a sus funcionarios vinculados no nada más en el sector.

El patrimonio de la nación, estratégico como el segmento del petróleo y sus derivados, representa un daño invaluable que amerita cárcel, la aplicación de la extinción de dominio en la totalidad de las propiedades que posean, bienes raíces además de las cuentas bancarias.

La actual administración pública federal está obligada a fincar responsabilidad a quienes participaron del daño patrimonial al erario del país, no es para nada cuestión menor la rapiña de quienes están involucrados, desde los autores intelectuales hasta los materiales, así sean externos.

En lo absoluto, no está a discusión que deben rendir cuentas, ser castigados con la máxima severidad que establece la ley quienes al amparo del poder le robaron a los mexicanos su riqueza, en este caso la renta por la venta de los hidrocarburos al igual que la ilícita sustracción, así fuese en las propias instalaciones o bien en la ordeña de los ductos por donde se fluye en la ruta de distribución a todo el país,  el huachicol.

Las áreas de inteligencia financiera deberán rastrear a fondo todo el hilo conductor que lleve incluso hasta los familiares directos e indirectos, a prestanombres que los hay para ocultar sus ilícitos.

Bitácora

Octavio Romero Oropeza es ingeniero aunque no petrolero sino agrónomo, pero con la singularidad de ser hombre de total confianza para el Presidente quien  lo designó para administrar a Pemex, como lo hizo cuando oficial mayor del Distrito Federal… los resultados fueron inmediatos, y es apenas es el inicio.

eduhdez@yahoo.com