Ruta para Reducir CO2

El desarrollo de las energías renovables como instrumento para combatir el cambio climático es un genuino compromiso que, desde su formación académica y científica, ha asumido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy candidata a la Presidencia de la República.

Hace casi década y media, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México escribió de manera conjunta con Belizza Janet Ruiz-Mendoza el artículo titulado: Electricity sector reforms in four Latin-American countries and their impact on carbon dioxide emissions and renewable energy, journal Energy Policy, 2010.

En el documento se analizan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la generación de electricidad en cuatro países Latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia y México en el contexto del proceso de liberalización del sector energético que se llevó a cabo en la década de los noventa.

La investigación concluye que este proceso impactó en la reducción de la participación de las fuentes de energía renovable y en la capacidad de generación instalada, manteniendo de manera constante en todos los países el índice de emisiones de CO2; salvo Colombia, que redujo su índice con el aumento de generación hidroeléctrica.

Las científicas señalan que, al igual que en otras regiones del mundo durante la década de 1990, en el marco de la renegociación de la deuda externa se llevó a cabo un cambio estructural en el sector eléctrico de América Latina.

Eso implicó que los organismos multilaterales e instituciones financieras recomendaran incentivar la inversión privada nacional e internacional, así como la integración de los mercados energéticos como parte de la integración económica regional, además del incremento de la tasa de electrificación y promoción de la eficiencia energética.

El estudio señala que desde 1980, bajo dos tendencias, el sector energético dio un vuelco mediante reformas.

El primero, bajo un proceso de reformas donde gobiernos productores de energía vendían electricidad a través de empresas de servicios públicos; y el segundo, basada en la propiedad privada y la competencia con la intencionalidad de aumenta la eficiencia y la privatización para frenar un déficit en las finanzas públicas. Esta última tendencia fue la visión que dominó las reformas en América Latina.

Este proceso de liberación del sector eléctrico redefinió el rol del Estado y el aumento de la participación privada, así como la incorporación de nuevos mecanismos regulatorios y de mercado.

Sin embargo, lo anterior no se tradujo en un mejor desempeño en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que se incrementó el número de plantas de generación de electricidad por medio de combustibles fósiles.

Tal y como se plantea en el citado artículo, con la Reforma de 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, comenzó una etapa privatizadora del sector en México.

Esa determinación limitó el crecimiento de las energías renovables al establecer un tope a la generación distribuida de solamente 0.5 Megawatt. El reto para romper con este techo, como señala Claudia Sheinbaum, exige el rediseño de políticas públicas y marcos regulatorios comprometidos con la disminución de CO2. (Diputado Federal/Presidente de la Comisión de Energía)