Campañas electorales

Las campañas electorales son los prolegómenos de la legitimación del poder político, y es así, porque con ellas comienza la construcción de la parafernalia y el simbolismo para consagrar el cargo a quien resulte electo y lo ejerza con el aura de la legitimidad que otorga el voto ciudadano mayoritario, mediante un proceso electoral conducido conforme a la legalidad establecida y a los principios democráticos; por lo que es de la mayor importancia la observancia del orden jurídico y, dentro de éste en particular, de los principios rectores de la función electoral.

Si bien las campañas electorales son de cuño democrático, lo cierto es que también transcurren en ambientes de democracia disfrazada en dictaduras y gobiernos autoritarios, que realizan elecciones controladas mediante competencia simulada. En esas condiciones las campañas sólo sirven para legitimar el poder, sabiendo de origen quiénes ganarán las elecciones. En México, durante la etapa del partido hegemónico, las campañas jugaron ese papel y por tanto el resultado de la elección era predecible.

En la democracia esto no ocurre, dado que una de sus características por antonomasia, es la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones; que no implica que en determinados casos la percepción de la sociedad sobre la asimetría entre una de las candidaturas y las demás, llegue a ser tan distante en las postrimerías de las campañas, que permita vislumbrar su resultado antes de la jornada electoral; pero, aun así, sin certeza.

En las campañas premodernas, las candidaturas privilegiaban el contacto directo con las masas y en menor medida daban atención a los medios impresos y a los volantes. Después, en cierta forma, utilizaron además la radio y la televisión que a control remoto informaban de los eventos o con posterioridad a través de notas informativas; finalmente, en la llamada sociedad de la información y el conocimiento, que nace con la globalización y la internet, surgen las campañas modernas en las que tienen un papel relevante la radio, la televisión y las redes sociales, quedando los medios impresos y las concentraciones masivas en segundo término.

Hoy las campañas tienden a hacerse cada vez más –-en los países desarrollados ya en un muy alto porcentaje-- a través de los medios electrónicos y de las encuestas que son utilizadas como propaganda electoral; desde el instante en que son difundidas por los medios de comunicación, cuya información impacta en diferente medida al cuerpo electoral, dependiendo -entre otras cosas-, del compromiso o no de éste con el candidato y partido y del nivel educativo que posea.

También con la modernidad los discursos en las campañas ya no son en lo general retóricos. No nada más porque se ha dejado de cultivar el discurso grandilocuente y hay cada vez menos candidaturas en las que encarna sino porque aun poseyéndolo ya no causaría el efecto positivo de antaño y por eso ahora el discurso y el mensaje van directo a las necesidades focalizadas del electorado y a sus emociones.

Nuestra legislación electoral nacional y local, concibe en términos generales a las campañas electorales, como el conjunto de actividades que llevan a cabo los partidos políticos, coaliciones y candidatos con el propósito de obtener el voto ciudadano; al mismo tiempo que hacen la distinción entre actos de campaña y propaganda electoral.

Por actos de campaña se entiende el contacto directo de una candidatura con sus simpatizantes, mediante reuniones públicas, asambleas, marchas y eventos en los que ésta o las vocerías de los partidos se dirigen al electorado para tratar de conquistar su voto; y por propaganda electoral, al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo las candidaturas registradas, los partidos políticos y sus simpatizantes para promover las candidaturas.

La distinción de actos de campaña y propaganda electoral cobra interés e importancia, cuando hay que interponer algún recurso legal, en el que será necesario precisar si es un acto de campaña o de propaganda electoral. Así, una campaña electoral está constituida simbióticamente por actos de campaña y propaganda electoral.

Con la finalidad de salvaguardar la equidad de la contienda, procurar la civilidad política y preservar el medio ambiente, las campañas electorales tienen establecidas restricciones como son, entre otras, los topes de gastos de campaña y la fiscalización por parte del INE; que durante su desarrollo y hasta la jornada electoral no haya propaganda gubernamental, salvo la información de la autoridad electoral, de los servicios educativos y de salud y la de protección civil en caso de emergencia; no fijar ni distribuir propaganda en edificios públicos; no colocar propaganda en el equipamiento urbano que obstaculice la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse en los centros de población; respetar la vida privada de las candidaturas y de las autoridades, así como respetar los valores democráticos y de las instituciones; que la propaganda impresa sea reciclable y la de la vía pública realizada a través de grabaciones, respete las disposiciones administrativas en materia de protección al medio ambiente; que los artículos promocionales utilitarios sólo sean elaborados con material textil; la prohibición de entregar propaganda electoral o política de partidos, coaliciones y candidatos, mediante la cual se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, inmediato o mediato, en especie o en efectivo por sí o por interpósita persona; la duración de 90 días de las campañas en que haya elección del titular de Poder Ejecutivo Federal y de 60 días la de diputaciones federales, las cuales en Tabasco para Gobernador son de 75 días y para diputaciones y regidurías de 45 días.

Estas disposiciones y otras más que regulan las campañas tienen como finalidad garantizar una competencia equitativa, en la que la fiscalización donde se ha avanzado mucho tiene un papel central, aunque por razones ajenas a la autoridad electoral, no alcanza todavía a fiscalizar el recurso financiero que corre por debajo de la mesa y esa es una asignatura pendiente del legislador, para dotar de más recursos legales a la autoridad electoral.