Seguridad para reactivar la economía
Una de las mejores fotografías sobre el clima de inseguridad pública en el que viven los negocios y las empresas del país es la Encuesta de Victimización de Empresas, cuya edición de 2020
Una de las mejores fotografías sobre el clima de inseguridad pública en el que viven los negocios y las empresas del país es la Encuesta de Victimización de Empresas, cuya edición de 2020, referida al ambiente delictivo que vivieron las empresas en 2019, acaba de hacer pública el INEGI. La de este año es especialmente significativa, por cuanto que mide el primer año de la actual administración.
De acuerdo con la propia encuesta, el tema es, aún, la principal preocupación de quienes tienen un negocio, como lo señaló el 60% de los encuestados. No puede, por lo tanto, ser una cuestión que se minimice, si realmente se tiene la intención de reactivar la economía del país.
Conforme a los datos de la encuesta, aproximadamente un 30% de las unidades económicas fueron víctimas de delitos durante 2019, con una mayor incidencia entre las grandes y medianas empresas, que fueron afectadas entre un 51% y un 56%. Sobre estas cifras no se aprecia variación estadísticamente significativa respecto a lo observado desde 2011, lo que ya debiera ser en sí mismo, un motivo de preocupación.
Si pensáramos que esos porcentajes de victimización y el hecho de que la mayor afectación sea sobre las grandes empresas y no sobre los pequeños negocios son causa de tranquilidad, habría que considerar otros dos aspectos que resaltan en la propia encuesta.
Por un lado, la mayor incidencia, con cifras que no parecen disminuir sino, por el contrario que muestran una clara tendencia al alza, se concentra en el delito de extorsión, que se observó en 1,821 víctimas por cada 10,000 unidades económicas, incrementándose desde 1,150 el año anterior. Además, el agresor portó un arma en el 31% de los delitos que implican el uso de la misma y en el 24.2% de los casos, hubo de hecho una agresión con arma, incrementándose desde un 15.6% en el año previo.
Esto quiere decir que, en términos generales, se incrementó la violencia asociada a los delitos cometidos a empresas. De esa forma, aún cuando la encuesta muestre una relativa disminución en otro tipo de delitos, como el robo hormiga o el robo de mercancías, debe reconocerse que el problema se ha agravado, por cuanto que los delitos cometidos con violencia son los que generan un mayor impacto, tanto en la sociedad como en la actividad económica.
Pero, por otro lado, uno de los datos más preocupantes, es el costo económico de la inseguridad y el delito en unidades económicas, que alcanzó la cifra de casi 226 mil millones de pesos, lo que representa el 1.2% del PIB nacional. Esta cifra significó un incremento de, aproximadamente, 58% respecto al año previo. Ello implicó un costo promedio de 85,329 pesos por unidad económica.
Para ponerlo en contexto, el propio INEGI estimó que, en 2019, el PIB disminuyó 0.1%, por lo que, si no hubiera existido el costo de la inseguridad, o incluso, si por lo menos dicho costo no hubiera aumentado de un año a otro, ello habría hecho la diferencia entre tener o no un año de crecimiento económico. Desde otro punto de vista, en promedio, cada negocio y empresa tuvo que pagar en el año el equivalente a poco más de 2 salarios mínimos por la inseguridad. Esto puede haber significado cerca de 3 millones de empleos que dejaron de generarse.
Por tanto, es evidente que cualquier estrategia de seguridad verdaderamente integral no puede dejar de lado la protección de la actividad económica y la disminución del impacto que el delito produce en los sectores productivos. En su momento, la creación de la Gendarmería, en el seno de la Policía Federal, fue específicamente dirigida a la atención de este tipo de vertientes de la actividad delictiva. La nueva administración planteó, al menos en planes y proyectos, la intención de añadir un enfoque centrado en los niveles de pobreza y propuso una estrategia de combate al huachicoleo.
En cualquier caso, la magnitud del problema exige mayores resultados. Es fundamental perseverar y no dejar de lado la necesidad de combatir los delitos que afectan a la actividad económica del país. Para ello, es necesario continuar realizando análisis, diagnósticos, evaluaciones y diseñando estrategias que coordinen, adecuadamente, acciones de inteligencia y operativas.
En un momento en que la recuperación de la confianza y el crecimiento económico se ubican al centro de la vida pública, la seguridad para la actividad económica tendrá que estar, igualmente, al centro de la acción gubernamental.