En seguridad y justicia, mejorar la rendición de cuentas

Imagine que un día militares ingresan a su casa, que frente a sus hijos pequeños empiezan a golpearle y le detienen por supuestamente trabajar para la delincuencia organizada. Imagine que permanece 13 años en la cárcel sin sentencia y que, cuando finalmente logra salir de prisión, sus hijos ya no tienen 9 y 5 años de edad, sino 22 y 18.

Eso fue lo que le pasó a Ana Georgina Domínguez Macías, detenida en 2009, quien también sufrió violación y tortura por parte de los militares que por medio de esta violencia consiguieron que ella se autoinculpara para “corroborar” la acusación fabricada de un supuesto testigo protegido que la habría señalado de ser contadora del Cártel del Golfo.

Fue declarada inocente de la acusación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todavía queda pendiente el señalamiento de delincuencia organizada pero, incluso si fuera culpable, el tiempo que pasó en prisión sin ver a sus hijos excede en 5 años la pena máxima a la que podría haber sido condenada.

Este es un caso emblemático de violaciones a derechos humanos que arroja luz sobre diversos temas que recientemente convergen en la discusión pública: la extensión en el tiempo del desempeño de militares en tareas de seguridad pública, la necesidad de mejorar la procuración de justicia y de abolir la aplicación de la prisión preventiva de una manera tan oficiosa como falta de toda consideración y escrúpulos.

Hay que destacar que estos hechos tuvieron lugar en el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo, la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes desde múltiples instituciones han sido culpables de esta injusticia irreparable se extiende hasta hoy. Es un ejemplo de todo lo que está mal en materia de seguridad y justicia desde hace muchos años, que debería servir para orientar acciones que eviten que vuelvan a ocurrir este tipo de casos.

En un momento en el que el Ejército se consolida como una institución que fortalece la seguridad pública, es pertinente erradicar las sospechas de que los elementos que actúan al margen de la ley tendrían algún tipo de protección. Investigar y sancionar todas las acusaciones de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de militares solo puede robustecer la confianza que los mexicanos tienen en las Fuerzas Armadas.

Mientras se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe el proyecto propuesto para reformar la prisión preventiva oficiosa, en el que se tiene previsto determinar que en cada caso el Ministerio Público justifique al juez en cada caso por qué es necesario que el imputado se quede en prisión preventiva, queda de manifiesto una vez más que esta medida cautelar aplicada de manera oficiosa sin lugar a mayor trámite o interpretación ha dado lugar a muchas injusticias. Suman varios los casos conocidos en que personas inocentes quedan en prisión más tiempo del que habrían pasado de ser sentenciadas culpables. Probablemente todavía falten por conocerse algunos más.

En el caso de Ana Georgina, por qué el juez se negó a cambiar la prisión preventiva a pesar de que ya habían pasado los 8 años a los que pudieron haber condenado bajo la hipótesis por la que había sido investigada. Un criterio falto de cualquier justificación jurídica que solo sirvió para pisotear sus derechos, que deja muy mal parada a la autoridad jurisdiccional.

En cuanto a la Fiscalía General de la República, también sale reprobada en la evaluación del caso de Ana Georgina, no solo por haber insistido en las acusaciones sin pruebas, también por haber rechazado la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que para investigar la tortura sexual que hubo en su contra, como se pudo establecer al aplicar el protocolo de Estambul.

Si bien quedan pendientes varias tareas para resarcir parte de los daños causados a Ana Georgina, es imposible recuperar los años que un inocente pierde sujeto a prisión. Por ello es importante que la ciudadanía cobre conciencia y demande la mejora de los controles, transparencia y rendición de cuentas.