La solicitud de consultas por parte del gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), sobre la política energética de México bajo el Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC), tiene un trasfondo que resulta esencial entender, ya que devela la vileza de muchos actores que dicen estar del lado del pueblo.

La guerra de Ucrania ha intensificado la crisis energética, el suministro constante e ininterrumpido de los servicios energéticos vitales para el funcionamiento de las cadenas productivas y las sociedades, se ha convertido en una de las más altas prioridades para todos los países del orbe.

Lo que sucedió en Europa, donde el suministro energético fue dejado al libre mercado, es una lección que no podemos pasar por alto ante los intentos punitivos de Estados Unidos y Canadá de imponer sanciones a México por su política energética y hacer valer su decisión soberana de reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

En el contexto de la primera gran crisis y disputa energética global del siglo XXI, ha llegado el momento de todos los mexicanos de cerrar filas para apoyar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en sus esfuerzos de garantizar la seguridad energética de nuestro país.

La Ley de la Industria Eléctrica es el instrumento para lograrlo. Esta reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión, que es la máxima expresión de la Soberanía del pueblo de México, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su Constitucionalidad.

Al devolverle el carácter estratégico al sector eléctrico, considerarlo como un servicio público y poner piso parejo en la generación, las modificaciones a la ley permitirán que la Comisión Federal de Electricidad produzca el 70 por ciento de los requerimientos nacionales.

Pero no sólo eso, revocan además los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude de la ley, que inició la empresa estadounidense Enron en la Ciudad de Monterrey, quien burlando el marco jurídico convirtió a sus clientes en socios para poderles vender electricidad.

Con estas prácticas de “dumping”, los autoabastos ilegales monopolizaron las dos terceras partes de los grandes consumidores del país, vendiéndoles electricidad con subsidios de hasta 60%, generando un boquete a las finanzas públicas de casi 500 mil millones de pesos.

Lo que está detrás de las protestas comerciales de los gobiernos estadounidense y canadiense, es la defensa de los intereses de las 10 empresas privadas extranjeras que controlan el 41% de generación privada; y sobre todo las intenciones de apropiarse del mercado eléctrico nacional, cuyo valor se estima en tres trillones de dólares.

Por todo lo anterior, resulta vergonzoso que mientras en el Congreso de Estados Unidos, los partidos republicanos y demócratas –por encima de sus diferencias ideológicas y de agenda– apoyan a su gobierno en sus reclamos; en México, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD se aferran a combatir por todos los medios las reformas del sector eléctrico que pugnan por la seguridad y soberanía energética del país. (Diputado Federal)

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