Durante el gobierno de Enrique González Pedrero, el fortalecimiento municipal en Tabasco fue más allá de lo que dispone el artículo 115 constitucional, reformado durante el mandato del presidente Miguel de la Madrid; en él se centró el proyecto de descentralización y fortalecimiento del federalismo. En Tabasco, el gobierno visualizó el fortalecimiento municipal como una acción básica, además, como uno de los objetivos medulares del Plan Estatal de Desarrollo (PED). En este proyecto, y en su consecución, se contó con el concurso solidario de todos los ayuntamientos; si bien, como es lógico, no todos lo hicieron con el mismo ritmo, pero sí con la plena conciencia de que la incorporación a un proceso de modernización administrativa en esos tiempos de crisis era la mejor opción para poder prever inversiones y programar gastos con un método que ofrecía mayores posibilidades de acierto.

El proyecto puesto en práctica buscaba romper con el sistema tradicional (pero no por ello eficaz) de administrar los recursos municipales con la "técnica" del cajón, que no era otra cosa que el uso sin método, y en muchas ocasiones sin honestidad, de los dineros del pueblo. Ahora, acompañando a la asignación de recursos presupuestales se establecieron formas de control presupuestal que garantizaron que en su uso no habría desviaciones y que se caminaría por donde los POA habían determinado previamente.

Así, recursos y organización administrativa se convirtieron en pilares del proyecto de fortalecimiento municipal que se complementó con la configuración de un marco jurídico cuya guía está en la Ley Orgánica Municipal promulgada en 1984, y que convirtió a los ayuntamientos del estado en entidades más responsables en la conducción del desarrollo y no sólo en la prestación de los servicios municipales.

La Ley Orgánica establecía como objetivo medular constituir un frente sólido para que los ayuntamientos puedan enfrentar más eficientemente la marginación y se concretara la demanda de fortalecimiento municipal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución General de la República y en el Título Sexto de la Constitución Local.

Enrique González Pedrero planteó en su II Informe de Gobierno (1986) que: "El fortalecimiento municipal -como la descentralización-, no puede hacerse, por así decir, centralizadamente. Es preciso que se origine en los municipios. Hemos empezado pues, por depurar la estructura orgánica municipal:

"La modificación a las bases jurídicas que dieron forma a la administración municipal se sumaron los criterios del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Se hicieron así -con la asesoría técnica indispensable-, homogéneos los instrumentos municipales para programar, presupuestar, evaluar y controlar.”

El método empezó a tener resultados. Ahora, los 17 municipios hablaban ya un mismo lenguaje y ello permitió que todos pudieran manejar sus presupuestos por programas, tarea en la cual tuvo un papel muy importante la Contaduría Mayor de Hacienda deI Congreso del Estado, la que también adecuó sus sistemas internos para enlazarse con los mismos criterios al Sistema Estatal de Planeación Municipal.

Centros Integradores como promotores de la democracia 

El fortalecimiento municipal, como he apuntado, inició su camino con la modernización administrativa y el uso racional de los recursos que el Sistema Estatal de Planeación Municipal impulsaba y dentro de los lineamientos jurídicos que la nueva Ley Orgánica Municipal disponía. Ese mismo ordenamiento legal puso los cimientos a lo que se configuró como el candado que cerró el círculo que permitió el fortalecimiento municipal: la participación de la comunidad en las acciones del propio gobierno municipal.

La democracia se entendía como elemento indispensable para fortalecer la participación comunitaria, en el entendido de que ésta no se agota en las urnas, sino que va más allá y debe ser hecho cotidiano. González Pedrero se refirió a ello durante su IV Informe, no como un hecho aislado: "Más bien fue consecuencia de la política de fortalecimiento municipal con la que nos comprometimos desde el inicio de nuestro mandato y que, por supuesto, hemos mantenido después de las elecciones."

La nueva Ley Orgánica Municipal les otorgó un carácter más dinámico y más completo a los ayuntamientos y en ella se delinearon también funciones de organización democrática. El artículo 2o. señala que: "La función primordial del municipio es permitir el gobierno democrático de la comunidad para la promoción del desarrollo y para la prestación de los servicios públicos."

Con la Ley Orgánica Municipal se introdujeron otras dos modificaciones fundamentales: se reestructuró la concepción territorial de los municipios adecuando la norma jurídica a una realidad concreta. Ahora, de acuerdo con el tamaño de cada comunidad y de la dotación de los servicios públicos con que cuentan, se establece una nueva jerarquía para los poblados constituida por: delegaciones, subdelegaciones, sectores y secciones.

La otra modificación contenida en la Ley es la que específicamente propicia y alienta el gobierno democrático de las comunidades: eliminando el viejo sistema por el cual los ayuntamientos designaban a los agentes municipales para hacerse representar en las comunidades más importantes; ahora, de acuerdo con el artículo 74 de la nueva ley, los presidentes, luego de auscultar la opinión de los habitantes y vecinos de los centros de población, proponen terna de personas conocidas por la comunidad para ocupar los cargos de representación en las delegaciones y subdelegaciones municipales.

La primera experiencia arrojó resultados francamente positivos, por votación directa, en asambleas públicas, fueron electos 321 delegados y 428 subdelegados, en 1986. En la mayoría de los municipios este método se amplió incluso a los jefes de sector y de sección. En las 185 localidades en que se ubicaron Centros Integradores se contaba con delegados electos por la comunidad. Se estaba fortaleciendo, paso a paso, “la democracia de carne y hueso” que había ofrecio el jefe del Ejecutivo estatal. EYM