Terrorismo electoral

La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, diputados y senadores, han demostrado que aun en la pluralidad democrática no son capaces de conciliar las reformas que por su trascendencia exigen ser cabildeadas en pro y no en contra, entre los diferentes frentes confrontados quienes pretenden imponerse en el tema tan sensible como el electoral, al organismo encomendados a dar certeza y legalidad en las votaciones de 2021.

 Desde luego que el estado de derecho es perfectible, nadie que tenga uso de raciocinio lo discute. Pero nada más no se explica cómo al cuarto para la hora se empeñan en pactar al vapor una legislación electoral cuando conforme al artículo 105 constitucional federal el tiempo está por agotarse, toda vez que al 31 de mayo próximo vence plazo, técnicamente a 90 días exactos para el inicio -en la primera semana de septiembre, conforme a la legislación- del proceso electoral 2020-2021 a cargo del Instituto Nacional Electoral, aunque por acuerdo se reprogramó a octubre.

Imposible que en los dos meses que distan: marzo y abril, para la conclusión del actual período de sesiones concreten un proyecto de decreto concienzudamente sustantivo para la vida democrática del país, con avistamiento al seis de junio de ese 2021, fecha en la que conforme al listado nominal del INE 89 millones 097 mil 427 electores , con corte al 14 de  febrero, deberán elegir diputados federales, además de sus propios comicios locales, los 32 del pacto federado, incluidas 15 gubernaturas. 

No es cuestión menor cuando que en cuestión de 15 meses habrán las votaciones más complejas, por mucho aún más que las del uno de julio de 2018 en las que 53.19 por ciento optó elegir al actual Presidente de México y nueve gubernaturas ente las 30 elecciones locales, exceptuando Nayarit y Baja California.

El desafío se incrementa ante la eventualidad de que el esquema tradicional será historia para transitar al voto electrónico, previsto por el Instituto Nacional Electoral, que por lo pronto tendrá un simulacro en algunas de las casillas de los comicios de este 2020, previstos en Coahuila y en Hidalgo.

Una urna electrónica que no es nueva en su estructura operativa sino que en ella se le ha invertido años en tecnología su configuración,  con la particularidad de expedir el acta de resultados en la misma casilla, abreviando tiempos para conocer el resultado teniendo conectividad con el servidor central en el Consejo General, los 32 locales y 300 distritales… Y los partidos están enterados de la modalidad como para estérilmente aleguen fraude. 

Disponer de 60 días para cambiar las reglas del juego electoral federal obligando a hacer en analogía las suyas en todos los estados del país sería un evidente suicidio, habida cuenta el gravoso retroceso de casi 30 años de vida institucionalizada a la que se le depositó la función pública de organizar la renovación periódica de las autoridades de gobierno, ejecutivas y legislativas.

En este tema no aplica parar el reloj legislativo en razón que el proyecto de decreto debe ser primero votado por la cámara de diputados para luego pasar al senado, en ambos casos con el visto bueno de las dos terceras partes del pleno, y finalmente concretar el aval de la mayoría de los 32 congresos locales, de suyo por aprobación simple. Ni siquiera un período extraordinario de sesiones será suficiente lo que no se hizo desde inicios de la legislatura.

Morena, converso ahora a ser gobierno y con el control legislativo, pretende arruinar el entramado de la autoridad administrativa en detrimento de la autonomía del sistema nacional de elecciones, por la cual lucho desde las banderas opositoras en las que antes militaron sus afines.

Una contrastante incongruencia democrática al calor de la irresistible borrachera del poder, sin distinción de régimen alguno.

Una desafortunada señal para la voluntad popular que los eligió para representar la defensa de sus intereses sociales a quienes se debe, y no de los partido políticos  que les postularon para acceder al cargo, anteponiendo intereses facciosos.

La oposición, sin embargo, como tal está disuelta en la nada, sin forma ni fondo como para ser aun minoritaria un contrapeso al régimen legislativo, incompetente en la salvaguarda del INE que independientemente del colegiado de consejeros electorales y sus claroscuros se mantiene en el cumplimiento de su encomienda, acreditado desde lo internacional.

Nada más no se entiende cómo en el primer año legislativo, durante sus períodos ordinarios de sesiones, los diputados –a mitad del camino para cesar en funciones- y el senado de la República no halla sido capaz de procesar las 114 iniciativas con proyecto de decreto presentadas en lo individual y colectivo que por obviedad de razones debieron ser condensarse en un proyecto integral, fortalecimiento del entramado democrático que en su legislación contiene muchos aspectos trascendentes afines al cumplimiento de los principios constitucionales.

Integralmente no procede una reforma político electoral por su propia complejidad para implementarla al vapor asegurando el fracaso total para el sistema nacional de elecciones; aunque un aspecto a considerar rescatable podría ser replantear el financiamiento público a los partidos, que reducidos a la mitad les obligaría a partidos y candidatos ser competitivos en campaña, a los ojos y razonamiento de la voluntad popular.

Bitácora

El presidente de México tiene derecho de voz y veto, obligado a mostrar su vocación democrática reconociendo que el problema no son las instituciones.

eduhdez@yahoo.com