Trabajo digno, libre y seguro
El pasado viernes 25 de noviembre las mujeres volvimos a salir a las calles
El pasado viernes 25 de noviembre las mujeres volvimos a salir a las calles. Nos queremos vivas, seguras y sin miedo. Comenzaron así los 16 días de activismo que concluirán el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos.
Una característica de los derechos humanos es la interdependencia, por eso cuando hablamos del derecho a una vida libre de violencias, esto se vincula con otros derechos como el derecho al trabajo, a la salud o al ocio. A pesar de esto, hay una realidad existente: la sobrecarga del trabajo doméstico asignado históricamente a las mujeres, el reparto del tiempo, las pocas posibilidades de incorporarse al mercado laboral remunerado y el riesgo a ser víctimas de violencia en los hogares. Aunado a los estereotipos de género mediante los cuales se reproduce la idea de que el trabajo del hogar de las mujeres es parte natural de ellas.
Las mujeres dedican hasta 2.3 veces más que los hombres a estas tareas y esto dificulta que se incorporen al trabajo formal. La dificultad de generar ingresos las hace dependientes de otros para lograr solventar sus gastos y de sus familias, a su vez que la dependencia económica las coloca en vulnerabilidad.
Sin embargo, el que salgan a buscar empleo no les garantiza no vivir violencias. De acuerdo con INEGI, 7 de cada 10 mujeres ha vivido violencia en su vida, 27 por ciento en el ámbito laboral y ocupan apenas el 29 por ciento de los empleos mejor pagados en México.
Ellas se enfrentan a las brechas salariales de género, la falta de contratos laborales y condiciones del empleo un espacio seguro, así como al acoso y hostigamiento sexual, además de las barreras que hacen que prevalezcan los techos de cristal. Esto, son solo algunos de los grandes pendientes para los derechos laborales de las mujeres.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el índice actual de participación de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49 por ciento, el de los hombres es del 75 por ciento.
Los centros de trabajo forman parte de una estructura social que ha naturalizado la violencia contra las mujeres. Los estereotipos de género que reducen la presencia de las mujeres a las tareas del hogar, el poco valor que socialmente se asigna al aporte de las mujeres, así como el sexismo con el que se lee su presencia a lo largo de la escala jerárquica en los entornos laborales, dificultan su desempeño.
No todos los casos son iguales. Tenemos las exigencias de las trabajadoras del hogar que por años han reclamado el reconocimiento de su trabajo y la erradicación de estereotipos que las desvalorizan. Recordemos a las textileras que, ante la ausencia de condiciones laborales dignas han quedado atrapadas e incluso perdido la vida en los edificios dañados tras los sismos. O las periodistas que seguimos exigiendo condiciones laborales dignas, espacios de trabajo libres de violencia.
La violencia es una realidad para todas las trabajadoras, pero la resistencia y la organización también. Así han surgido iniciativas feministas como las mercaditas, para la venta en línea o en el metro, o las conocidas como “las nenis” que llevan el sustento a casa, para ellas y sus familias como una apuesta política por la autogestión.
Habría que sumar, además el impacto de la pandemia. De acuerdo con la CEPAL, los dos años de pandemia retrocedieron una década de avance de mujeres en mercado laboral. El mismo organismo, señala que 3 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en México no generan ingresos económicos propios.
El hecho de no contar con protocolos que permitan acceder a espacios laborales seguros es en sí mismo una violación a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, cumplir con contratos que establecen las obligaciones y responsabilidades con las trabajadoras y le dan legalidad al proceso de contratación es un avance, sin embargo, es necesaria una transformación social de fondo que reconozca el aporte económico de las mujeres, así como su derecho a una vida libre de violencia y el derecho a un trabajo digno, libre y justo. Derechos que debe garantizar el Estado.
De acuerdo con el Banco Mundial “Si las mujeres participaran a la misma tasa que los hombres, el ingreso per cápita sería 22 por ciento más alto”. Nos sobran razones para potenciar la participación de las mujeres, su autonomía económica y el impulso de políticas que permitan conciliar la vida personal y la laboral así como el reparto y pago justo por el trabajo que ahora no es remunerado. (Periodista feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres.)