Tres planes contra inundaciones, ¿un cuarto?; Seguridad territorial de Tabasco, nuevo enfoque

*Más de 30 mil millones de pesos en obras de infraestructura *Un inestimable costo en bienes y tranquilidad de la población

PARA TABASCO se han anunciado por lo menos tres inversiones millonarias para evitar y mitigar el impacto de las inundaciones que en poco más de 15 años que conjunto suman más de 30 mil millones de pesos: Programa Integral contra Inundaciones (PICI) iniciado en 2003, para el que se presupuestaron 2 mil 600 millones de pesos; Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), de 2008 con 8 mil millones de pesos hasta el 2012, y el Proyecto Hidrológico de Tabasco (Prohtab) anunciado en 2013, con hasta 18 mil millones de pesos.

Los sucesivos gobiernos involucrados reiteradamente insistieron en que estábamos ante la solución (casi) final a los desastres de pérdidas de bienes y hasta vidas. Así lo hicieron Vicente Fox y Manuel Andrade (2000-2006), Felipe Calderón y Andrés Granier Melo (2007-2012) y Enrique Peña Nieto y Arturo Núñez (2013-2018).  En estos tres casos, los gobiernos federal y estatal procedían de partidos políticos distintos. Para el sexenio 2018-2024, tanto Andrés Manuel López Obrador como Adán Augusto López Hernández proceden del mismo partido; las circunstancias son distintas.

Y son distintas porque tanto López Obrador como López Hernández conocen el impacto y el origen múltiple de los desastres derivados de las inundaciones, al tiempo que se mantuvieron batallando desde la trinchera de las víctimas.  ¿Habrá un nuevo plan integral? Tendría que haberlo desde la visión “no neoliberal”.

Las políticas públicas que decidan en este terreno los actuales gobernantes tendrán que ser de un mayor alcance que los planes anteriores –en parte fallidos, en parte desarticulados por la corrupción-, sobre todo porque Tabasco es una de las plataformas estratégicas para cumplir los objetivos del nuevo régimen. Pasada la sorpresa de las inundaciones actuales, lo más lógico es colocar esta experiencia en un plan de prevención y respuesta.

TREGUA, RESPUESTAS EN ESPERA

LOS HABITANTES de Tabasco inician la semana con once municipios declarados en emergencia, habiéndose corregido la declaratoria que incluía a las 17 demarcaciones. Aunque son seis las más afectadas (Centro, Jalpa, Nacajuca, Jalapa, Teapa y Tacotalpa), en sentido extenso se puede asegurar que prácticamente en todo el estado hay pobladores que requieren auxilio. Dos noticias por lo menos relativamente alentadoras: el anuncio de la disminución del desfogue de la presa “Peñitas” que pasó de un mil 750 metros cúbicos por segundo a 930, luego menos (530) y la relativa tregua de las lluvias. El número de afectados es indefinido, porque lo mismo se habla de 500 mil personas que hasta un millón. La situación crítica ha dañado viviendas, cultivos, ganadería y otras actividades.

Desde el pasado fin de semana, el gobernador Adán Augusto López Hernández reclamó a la Comisión Federal de Electricidad ceñirse a los protocolos de seguridad en el manejo de las presas para no dañar a los pobladores de la planicie tabasqueña. La respuesta oficial de la CFE fue que el gobierno de Tabasco tiene un asiento en el comité técnico de operación.

Ayer, el gobernador López Hernández elevó el tono de sus señalamientos contra la CFE al referir que existe una “mafia eléctrica”, que históricamente ha afectado a la entidad; sería un grupo que viene de administraciones anteriores. Dijo a Emmanuel Sibilla de Tele-reportaje: “La triste realidad es que hay una serie de personajes que vienen de dos y tres gobiernos neoliberales, que se encargan del manejo de las presas. Se hace lo que ellos quieren, y tengo evidencias que comprueban que Peñitas está dedicada única y exclusivamente a generar energía eléctrica a la Península de Yucatán, y que Tabasco que se amuele. En el colmo de la falta de sensibilidad y la ignorancia, se atrevieron a decir que las inundaciones que se están sufriendo hoy, son por asentamientos irregulares”. Esto último en referencia al dicho de Carlos Morales Mar, director de Operaciones de la CFE.

Aunque reconoció que Manuel Bartlett está “limpiando” la mafia heredada en la empresa de electricidad, reiteró que “por la vía jurídica”, se reclamará “la responsabilidad del Estado, para que se paguen daños y perjuicios” en las comunidades afectadas por la operación de Peñitas. La Comisión de Derechos Humanos de Tabasco (CEDH) y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, respaldaron los reclamos del gobernador tabasqueño.

DERECHOS Y DECISIONES

EN DICIEMBRE de 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para el pago de afectaciones a los damnificados por las inundaciones de 2010. El resolutivo incluía a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobierno del estado y a las autoridades de los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca. La Conagua rechazó la recomendación por considerarla “inconsistente, inaplicable y ajena a la realidad del caso al que se refiere”.

De acuerdo a la CNDH, “entre los meses de septiembre de 2010 a enero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició 51 expedientes, a los que se fueron acumulando las quejas presentadas hasta julio de 2011, por habitantes de 60 comunidades del estado de Tabasco, así como de otras rancherías ubicadas en ocho municipios de esa entidad federativa”.

Las quejas, entonces, se referían a por los menos 5 mil 710 personas afectadas directamente por el desfogue de las presas ubicadas en Chiapas. Otras instituciones mencionadas en la indagatoria fueron la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Desarrollo Social Federal. Ahora la CFE ya no es paraestatal sino empresa productiva del Estado. Veremos. (vmsamano@hotmail.com)