Poder Político: Triángulo racional

Entendido que nadie puede asumirse como poseedor de la verdad absoluta, los actores públicos cogobernantes aún menos pueden adjudicarse como de su patrimonio que cuanto expresen es ley incuestionable. La verosimilitud es el elemento que más acerca a lo real respecto de una situación de impacto social, cuando en la narrativa de los implicados hay puntos de encuentro y otros que no, pero en estas versiones siempre hay líneas que con sus reservas aportan elementos para comprender los complejos tiempos y circunstancias contemporáneos.

En el contexto de que no todo es real ni todo es mito, quien se precie de tener un juicio crítico debe profundizar en el historial de las voces «políticas» presuntuosas de representar algún interés social, para establecer con qué quedarse de quien como político se manifieste sobre los temas de la agenda pública en el ámbito que corresponda. Federal y local.

Cíclicamente ahora que por precepto constitucional se renuevas Autoridades de Gobierno, Ejecutivas y Legislativas, federales y concurrente de las 32 entidades locales, los 95 millones 637 mil 183 electores inscritos en listado nominal del INE con corte al 16 de junio de 2023 tendrán que tomar en cuenta los perfiles de candidaturas y que los compromisos de éstos hagan sentido con sus demandas de un bien estar colectivo, a reflejarse en los satisfactores de su calidad de vida. 

El electorado no puede permitirse más quedarse con la afinidad a un partido político al coaligarse con ideologías incluso contrastantes, ni con quienes sean designados a candidaturas por el método que resulte, teniendo aquí sí absoluta trascendencia la plataforma electoral, a qué sí y no se comprometen en pro del bien común del colectivo social. 

Las coaliciones y/o partidos políticos en el pragmatismo tendrán que estar obligados a elevar la calidad de la democracia en lo que compete a sus plataformas electorales y designación de candidaturas; perfiles con los argumentos de una trayectoria eficiente como funcionarios públicos, directivos partidistas, y de militancia. La voluntad popular de antaño dejó de ser fácilmente manipulables. 

El voto duro que antes se preciaba de tener como el piso para aspirar a un cargo de elección popular dejó de serlo desde la puja por la Presidencia de la República que hubo en el año 2000 al favorecer a un personaje disruptivo que hasta entonces no se tenía para enfrentar y ganarle a un régimen ya de 71 años, marcado por los actos fraudulentos para sostenerse en la dualidad partido-gobierno.

México en el discurrir de 18 años experimentó 3 alternancias en el poder presidencial incididas por candidaturas y no por partidos políticos y/o coaliciones. A saber; Vicente Fox en el 2000; Enrique Peña Nieto en el 2012; y Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Un acontecimiento inédito que le permitió a los electores en voluntad popular a optar por transitar a otra propuesta buscando respuestas a sus demandas como sociedad hacia una impostergable prosperidad.

Partiendo del inicio de julio, distarán exactos 11 meses para la Jornada Electoral a la que estarán convocados por el INE los 95 millones 637 mil 183 ciudadanos anotados en el listado nominal del Registro Federal de Electores, a ejercer su derecho político de elegir votar por quien en su razonamiento deba ser asumir la Presidencia de México, a su Senado, y Cámara de Diputados Federales. Además, a la Gubernatura en los estados de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, y Morelos. 

Aún más, renovarán 2 mil 323 municipalidades en 30 estados, excepto Hidalgo y Durango; así como 1 de mil 047 diputaciones locales, sin contar Coahuila y Quihtana Roo.

La experiencia del llamado a votar 6 de 6, ahora traducida al «Plan C» no garantiza que en el acatamiento se tenga garantizada una eficiente cogobierno. Motivo por el que los electores regresaron al voto diferenciado en 2021. Una vez más para el 2 de junio de 2024 deberán indagar la trayectoria pública de partidos y/o coaliciones, candidaturas y qué ofrece que haga sentido con sus reclamos de justicia social. Pero también les compete acompañar a la gestión administrativa de gobierno.

Bitácora

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el «Plan B» de las Reformas a Leyes Electorales, al no cumplir los diputados con su procedimiento de prácticas parlamentarias… ¿Y ahora la pretenden desarticular?

eduhdez@yahoo.com