¿Y de ahí?

El desarrollo del proyecto del Tren Maya y la escasez de agua en el norte del país a consecuencia de la sobre explotación para su aprovechamiento en industrias como la cervecera son temas que suscitan discusiones en las que el planteamiento fundamental es difícil de responder: ¿pesa más el derecho al desarrollo económico que el derecho al medio ambiente?

La aparente oposición entre estos dos derechos humanos obliga al Estado mexicano a ponderarlos; es decir, tomar la compleja decisión de favorecer uno, incluso si es en detrimento de otro, en función de los costos y beneficios sociales que a corto, mediano y largo plazo pueda tener cada uno de ellos.

Los recursos naturales son finitos, el medio ambiente es un conjunto bastante complejo de relaciones en el entorno natural que no acabamos todavía de comprender; pero ha quedado claro que conforme avanza la industrialización, la explotación de recursos y la contaminación, ese sistema global de delicadas relaciones entre seres vivos y el clima del planeta, se deteriora. Las afectaciones que en un principio se daban en los entornos más rurales o alejados han empezado a golpear directamente a los grandes núcleos de población.

Cada vez son más frecuentes las noticias de olas de calor que rompen récords, como le ha tocado constatar a Europa este verano, así como las lluvias extraordinarias que provocan inundaciones en donde antes no ocurrían, como las que se vieron en Alemania o en Querétaro el año pasado. Los dramáticos incendios en Australia en 2020 están de algún modo relacionados con las inundaciones que vivimos en Tabasco ese difícil año: el cambio climático, a consecuencia del deterioro del medioambiente, nos está pasando la factura sobre la devastación.

Sin embargo, ¿qué sería de la especie humana sin la explotación del petróleo? ¿Sin los avances tecnológicos derivados del uso de plásticos y baterías de diversos materiales, todos generadores de residuos tóxicos? Se requiere explotar el medioambiente para la generación de empleos, para mantener el empuje tecnológico que nos ha permitido lanzar al espacio el telescopio James Webb y salvar millones de vidas con las vacunas anticovid.

En México, la Constitución general de la República señala en el artículo 4o que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” y que “el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque”. En el mismo artículo se consagran el derecho al agua, a la salud. Y en el artículo 25 se señala que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable” y que “mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.”

Así pues, puede verse que la solución planteada al dilema entre el desarrollo económico y el medioambiente se ha tratado de resolver con el concepto de la sustentabilidad; el desarrollo sustentable se ha definido como aquel que mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social tiende a mejorar la calidad de vida y productividad de las personas, e incluye medidas para preservar el equilibrio ecológico, así como el aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de la mayoría.

Así pues, más allá de filias y fobias que se centran en la aprobación acrítica o la descalificación a ultranza de proyectos porque provienen de un partido o un gobierno, es necesario establecer la discusión dentro de los parámetros técnicos y legales pertinentes para cualquier proyecto: ¿se toman decisiones con base en criterios ambientales además de económicos? ¿Se propicia que la distribución de la riqueza alcance a los grupos más vulnerables?