Desde hace unos años, se ha puesto de moda el concepto de "revictimizar". Este concepto alude a la acción que se realiza, principalmente en las instituciones oficiales, contra una víctima en donde se soslaya su atención y por el contrario, se prolonga sus tribulaciones mediante el burocratismo, la negligencia, la discriminación y otras formas negativas, que afectan más a quien de por sí ha sufrido un daño.

¿Quién en su sano juicio quisiera ir a realizar algun trámite, por muy simple que sea, ante una agencia del ministerio público? Los mexicanos, aún los que nunca han puesto un pie en estas agencias, sienten terror de acudir a estos lugares, pues tienen entendido que por usos y costumbres, no encontrarán quien los atienda, los harán esperar durante horas, mientras verán cómo otros que han llegado después, son atendidos con prontitud sin más explicaciones. Se les va el día, el tiempo y las pérdidas económicas con ello.

En nuestro país, las víctimas de un delito tienen prohibido hacerse justicia por propia mano, pues hacerlo es convertirse en delincuente. Es un principio constitucional que tiene como respuesta la aplicación de la justicia por parte de los organos establecidos. ¿Pero estos órganos son eficientes y capaces de brindar una justicia pronta? Ese es el problema.

El burocratismo, la falta de recursos, las viejas costumbres heredadas de anterior sistema judicial inquisitorio y sus aberrantes prácticas corruptas de ver al ciudadano víctima de algun delito, como posibles clientes potenciales al que se le puede sacar dinero, sigue siendo una terrible realidad en las agencias de los ministerios públicos. Revictimización institucionalizada una y otra vez.

Así, los ciudadanos sufren verdaderos viacrucis en la procuración de justicia.  

Cuando el ciudadano acude a querellarse o a denunciar el haber sido víctima de un delito, la justicia se comporta como decía en expresidente López Obrador, como un "elefante reumático", avanza muy poco, hay que empujarlo una y otra vez; cansado del poco o nulo avance, el ciudadano decide resolver el asunto en forma directa frente al victimario, entonces ahí aparece la justicia rápida y eficiente para construir los delitos necesarios. Y así la otrora víctima se convierte en imputado.

El caso de la señora Carlota "N" en Chalco, Estado de México, ha estado en el debate público, con partidarios de una y otra parte. Los juristas ensayados en el pensamiento matemático de la norma jurídica, repiten que nadie puede hacerse justicia por propia mano, invocando una y otra vez el artículo 17 de la Constitucion federal.

En casos como el de esta persona, en primera instancia, la justicia no aparecía, pero en cuanto la señora tomó la decisión que se dio a conocer en redes sociales y los medios de comunicación, fue detenida mediante un operativo policiado en su domicilio rodeado de agentes policiacos que incluso subieron hasta la azotea para que no escapara.

¿Habrían hecho lo mismo contra los invasores? ¿Quién frena a tantos invasores, sobre todo en fraccionamientos populares, que llegan y se meten a casas que ven vacías y sin más se posesionan y cuyos dueños, en muchísimos casos, terminan por dejárselas ante el riesgo que corren sus vidas si denuncian o demandan?

El 4 de enero del año 2022, en la colonia Gaviotas sur de Villahermosa, Tabasco, la joven Linda Yoselin ´N´, cansada de sufrir tanta violencia junto con su madre por parte de su padre violento a quien en innumerables ocasiones habían denunciado ante la Fiscalía, le arrebató la vida. Fue detenida minutos después. ¿Y por qué el violentador no fue detenido en ninguna ocasión pese a las denuncias?

En una carta de su puño y letra, estando ya en el reclusorio de Villahermosa, la joven escribió lo siguiente:

"Hoy cometí este delito pero a su vez justicia, justicia que la Fiscalía General del Estado no ha hecho ni a mí ni a mi madre, ni a ninguna mujer, esperando que los agresores le quiten la vida a las mujeres para poder hacer justicia ojalá mi caso no se repita en las mujeres y lleguemos al grado de matar a nuestro Agresor (sic), violador etc."

¿Quién o quiénes son en realidad las víctimas? ¿Quién o quiénes realmente deberían estar en la cárcel? Una cosa es cierta: El desarrollo de un país se mide en la capacidad de impartir justicia real, verdadera, y proveer de seguridad jurídica a sus gobernados.