OPINIÓN

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12/10/2019

Desde que se emitió la reforma política electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación, fechado el 22 de agosto de 1996, los partidos políticos empezaron a percibir financiamiento público que hasta entonces no tenían; un recurso que de manera segura e inalterable obtienen por precepto constitucional, este mismo que omiten abordar al no tener la capacidad ni estrategia para sostenerse.

El problema no es que hayan recibido en 2018  onerosos 5 mil millones 455 mil 322.41 pesos entre los 32 estados mientras que federal 6 mil millones 702 mil 973,35 pesos; para el ejercicio de este 2019 en las entidades federativas 4 mil millones 598 mil 202 pesos y en el ámbito federal 4 mil millones 965 mil 828.35 pesos así como para el 2020 sólo en el federal tendrán 4 mil millones 988 mil 864 pesos.

El punto a debate se centra en que esos institutos políticos, que cogobiernan a nivel ejecutivo y legislativo al país a través de las autoridades emanadas de sus filas, no son transparentes ni saben cómo ejercer ese presupuesto económico,  pese a haber una reglamentación, pero en cambio sus liderazgos de los comités ejecutivos lo emplean para sus intereses. 

Los partidos, si embargo, no sólo obtienen ingresos federales y locales para sus actividades ordinarias así compañas, sino que además por concepto de actividades específicas, franquicias postales, franquicias telegráficas, al igual que para fomentar el liderazgo de las mujeres, incrementando aún más el monto de lo que le cuesta a los contribuyentes sostener a una partidocracia ociosa, mediocre, sin oficio ni beneficio que dista ser auténticas opciones competitivas de gobierno.

Desde la reforma de 2007, el Instituto antes federal y ahora Nacional Electoral no tiene la limitante del secreto bancario, ni fiduciario ni fiscal, así es que se logran consignar el mal uso de ese dinero que procede de las contribuciones ciudadanas, por las cuales son multados con severidad en ambos ámbitos, federal y local, pagando con esas propias prerrogativas.     

Independiente de que el régimen financiamiento público -para actividades ordinarias y de campañas- asignadas en la proporcionalidad de la votación lograda en la elección inmediata anterior, no hay congruencia con el espíritu de la “austeridad republicana” que promueve principalmente la fracción legislativa Morena, gestora del régimen de la cuarta transformación que como uno de sus ejes rectores busca desterrar la corrupción.

En ambas cámaras del Congreso de la Unión se empecinan a la decisión por desaparecer los organismos electorales locales para generar ahorros de un gasto que -en su razonamiento- ya no se justifica. Pero no hay el mínimo interés porque se reduzcan a los partidos el financiamiento que se egresa del patrimonio económico de los mexicanos, este cada vez más marginal para implementar políticas públicas orientadas al desarrollo social.

Un dinero del que incluso Encuentro Social, en la anterior legislatura y la actual, presentó la iniciativa de eximir ese ingreso para que por sí mismo sostengan sus particulares actividades ordinarias y correspondientes campañas en tiempos de elecciones. Muy posible se quede en el camino, por la mezquina ambición del conjunto de los mismos partidos con representación legislativa. 

Entre diversidad de las 144 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión en el primer año de su gestión legislativa hay varias vinculantes a las prerrogativas, algunas de estas promoviendo la reducción a la mitad. Tal vez proceda pero las negociaciones de los intereses particulares la ahogarían.    

Si el argumento para aferrarse a no soltar un dinero que por mandato constitucional se establecieron se debe al factor de verse infiltrados por la percepción de ingresos ilegales para lavados, en su caso carece de validez alguna dado que ya no hay secrecía alguna en cuanto a conocer por parte del Institutito Nacional Electoral el origen y destino del manejo financiero de la partidocracia.

Acción Nacional, hasta antes de la disposición de percibir financiamiento público a partir de 1996,  en su tiempo rifó vehículos, entre otras actividades como el boteo, para lograr obtener ingresos destinado a subsistir.  Los partidos por igual deberían pensar en retomar esta y otras formas de hacerse de dinero con el cual sostenerse por sí mismos y no sangrar la precaria hacienda pública. 

Morena, sin embargo, en Tabasco emitió para el 11 de octubre de 2018 el decreto 004 por que reformó el artículo 9 de la constitución local para reducir a la mitad las prerrogativas, con el mismo propósito de obtener ahorros, motivo por que el ingreso conjunto a sus arcas este 2019 correspondió a 44 millones 445 mil 737.57 pesos en vez de los 88 millones 891 mil 475 pesos.

 Reforma constitucional sobre el particular que fue recurrida mediante el recurso de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en particular por el PRI, PRD y Verde Ecologista quienes lograron su objetivo al emitirse la sentencia el cinco de septiembre argumentando la prevalencia del artículo 41 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

La improcedencia radicará en que Morena y sus aliados no alcanzan las necesarias dos terceras partes en el Congreso de la Unión, para que en la reforma política federal próxima se preceptúe la reducción del financiamiento que abona a que la democracia mexicana resulte cara ante la suspicacia mutua.

Bitácora

La partidocracia ya es lo suficientemente adulta, debió aprender a sostenerse sola.

eduhdez@yahoo.com




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