VUELTA CONTINUA

La  transparencia es un mandato legal a menudo mal entendido. Algunos ex funcionarios, en su torpeza, lo confundieron con el hecho de poner vidrios en las oficinas a su cargo para que se ‘viera’ que están trabajando. Puertas de cristal que, en su día, también se cerraron para no atender las demandas de la gente. Una transparencia que no sirve para el diálogo y enriquecer la vida pública.

Desde 2014, organizaciones como Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), impulsan la iniciativa 3de3, que promueve que funcionarios públicos y representantes populares rindan públicamente sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y también de intereses. Se busca evitar que quienes toman decisiones y manejan recursos públicos incurran en delitos como el peculado o el tráfico de influencias, que tanto daño hacen a la sociedad. Con este tipo de información disponible se busca prevenir que se otorguen contratos de manera discrecional y se aprovechen los cargos públicos para el enriquecimiento ilícito.

De conformidad con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de Tabasco, están obligados a rendir su declaración patrimonial todos los funcionarios, desde el gobernador hasta jefes de departamento, en el caso del Poder Ejecutivo. Los funcionarios judiciales, diputados, y también los mandos medios y altos de los órganos autónomos, desconcentrados y descentralizados también están obligados a presentar declaraciones patrimoniales al iniciar sus cargos, modificatorias cada año y finales al concluir su desempeño.

Sin embargo, esta información no se hace pública. La ley ordena que la Secretaría de la Contraloría cuente con estos datos, pero todo el proceso es un mero protocolo, nadie contrasta la veracidad de la información, ni se inician procesos en el caso de que se existan indicios de posible enriquecimiento porque los datos, aportados de manera masiva al sistema Declaranet, no se contrastan ni verifican.

Mucho se ha justificado que, por motivos de seguridad, las declaraciones patrimoniales no deben darse a conocer abiertamente a la ciudadanía. Pero incluso cuando algunos hayan manifestado estar de acuerdo en que se difundiera la versión pública, o que se abra la versión íntegramente al conocimiento público, esto no sucede.

Más allá de las declaraciones patrimoniales y la 3de3, hay un reclamo por parte de la ciudadanía para que las actividades del gobierno se transparenten, lo que en gran medida es posible gracias a Internet y las nuevas  tecnologías. Mucho se ha avanzado en la última década gracias a las leyes de transparencia federal, y la local. Pero queda todavía mucho camino por recorrer.

Las páginas oficiales no pueden seguir vacías, llenas de números telefónicos donde nadie contesta, sin información útil. Las páginas de transparencia no deben seguir llenas de documentos en los que se simula el cumplimiento de las obligaciones, sin que el órgano autónomo sea capaz de imponer aunque sea una sanción simbólica.

Hará falta mucha voluntad política para comprender que una disminución al órgano local de transparencia, el ITAIP, no puede ser reducido presupuestalmente sin que esto atraiga como consecuencia una (mayor) incapacidad para responder a la demanda de solicitudes de información, revisión del cumplimiento de la ley e imposición de sanciones. Y todavía hará falta mucho más para que los legisladores se decidan, de una vez, a incluir dentro de la ley la obligación de que al menos las declaraciones de intereses y de impuestos sean obligatorias, así como abiertas al público. Se requiere para que la ciudadanía empiece a exigir a sus representantes que sirvan, sin servirse.

PRIMERA PARADA

Sigue la suma de muertos por la explosión del ducto en Hidalgo, donde cientos de personas robaban gasolina. La cifra llegó ayer a 96 y lamentablemente todo indica que rebasará el centenar. Otra tragedia es la de las familias con incapacitados de por vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que seguirá con el plan para terminar con el robo de combustible. No sólo es una obligación legal, sino también un imperativo humanitario para evitar tragedias.

SEGUNDA PARADA

De manera ordenada buscan las autoridades que ingresen y transiten por el país los migrantes centroamericanos. Unas dos mil personas, con ellos muchos niños, en ruta a los Estados Unidos llegaron a Matías Romero y se internaron a Veracruz. Pero lo más importante es lograr que en sus países de origen se establezcan las condiciones de arraigo y desarrollo. En eso el gobierno mexicano impulsa un acuerdo internacional. Excelente iniciativa.

PARADA ESPECIAL

Fue anunciado el Sistema Público de Radio y Televisión del gobierno de López Obrador. Una buena noticia es el interés por aprovechar la experiencia de José Antonio Álvarez Lima, senador y ex gobernador de Tlaxcala, quien ahora fue propuesto para regresar al Canal Once de TV.