¿Y ahora, qué?

El Gobierno de México en uso de sus atribuciones dadas por el artículo 29 de la Constitución tiene la decisión o no de tomar las medidas más extremas que los tiempos y circunstancias ameritan, incluida la suspensión de las primigenias garantías individuales catalogadas ahora como derechos humanos, en pro de salvaguardar la integridad de sus habitantes, en peligro sus vidas por la pandemia del coronavirus.

Literal, el texto constitucional federal enuncia que: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.

México en el mundo es reconocido por diversas festividades que son patrimonio intangible de la humanidad,  pero el coronavirus es chino y no de estos lares, además de ser letal. El paisano es creativo desde el folklórico corrido hasta los memes, tal vez por ello no tome nada en serio y, aún menos, cumple la emergencia del ¡Quédate en casa!

Las autoridades gubernamentales han sido tolerantes con la inconsciencia de las colectividades ante una situación de emergencia sanitaria de dimensión mundial, esta complaciente tibieza en el discurrir del tempo ha hecho que la irresponsabilidad de una minoría propague a niveles insospechados los contagios y también los lastimosos fallecimientos, más allá de las cifras oficiales diarias.

Por la irresponsabilidad de una minoría es que las medidas de arraigo domiciliario y suspensión de actividades no esenciales, las autoridades administrativas federales y en los 32 estados del pacto federado en su natural soberanía asumieron decisiones propias de emitir los correspondientes decretos, publicados en sus periódicos oficiales, para establecer medidas más rígidas en pro de la integridad de la sociedad.

Sin entrar en el detalle de los datos duros consignados en constante crecimiento, nada más no se comprende el grado de insensatez -más allá de la necesidad de quienes viven al día- de los mexicanos al grado de superar a España e Italia con mayores afectaciones, sin olvidar al vecino Estados Unidos.

No hace falta hacer mención de los estados que registran los más altos índices en todos los indicadores de una pandemia, el civid19, que no es juego alguno cuando por lo menos se tiene en la cercanía familiar y/o afectiva a personas que fueron infectados y, en el peor de los casos no deseados, hasta fallecieron.

Pero entre creer o no creer por cuestiones distintas, el covid19 es una realidad asesina de la que por ahora se carece de cura, hasta que la Organización Mundial de la Salud dé con la vacuna.

Este país que en medio de su tragedia política aun tuvo por décadas  para ser considerado un referente latinoamericano en diferentes ámbitos socioeconómicos.

Pero no así un ejemplo para hacer valer el auténtico Estado de Derecho, no ha sido lo suyo contrario a su vocación de asilar a exiliados de España, Chile, Argentina, ente otros tantos países. Antaño los regímenes de gobierno mexicanos optaron por la represión, que es distinto.

Ahora que esa minoría colectiva se mantiene en rebeldía es el momento de que el país y su pacto federado hagan uso del Estado de Derecho que se entiende es forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

El estado de derecho implica que cada persona está sujeta a la ley, incluidas las personas que son legisladores, encargados de hacer cumplir la ley y jueces. Toda decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por absoluto respeto a los derechos.

Dicho de otro modo, se deben aplicar la constitución y las leyes que de ella emana con toda puntualidad ante quien sea, con la penalidad que corresponda, sin consentimiento alguno. Así de práctico como debe operar no sólo ahora sino siempre, según los tiempos y circunstancias cuando esa línea delgada lo permisible se transgreda afectando a terceros, pero por ahora ha sido letra muerta ante el temor de un costo político trasnochado.

El problema de salud mundial que aquí también se padece exige aplicar la vigencia de la ley en razón que la humanidad está en peligro; ante la desobediencia ya no puede admitir que se salga de un manejable control a la anarquía una situación que ha derivado en una eventual prolongación mayor a los tiempos del cronograma implementado para el combate de la pandemia.

Una emergía mundial en donde de igual modo la generalidad de las actividades no esenciales se han afectado con millonarias pérdidas en económico y fuentes de empleos, sobretodo a la cadena de valor de la cual las micros, pequeñas y medianas empresas tienen un peso fundamental al generar el 82 por ciento de la economía doméstica privada.

Desde luego que no es nada deseable llegar a los extremos de las medidas de inmovilidad total aplicadas por China para superar el coronavirus que por su propia negligencia de no atenderlo eficazmente hubo que cercar primero la provincia de Wuhan, de donde surgió, y luego en Europa.

Bitácora

Una decisión de Estado no admite injerencias de ideologías ni de credo, se obedece… ¡Por humanidad!

eduhdez@yahoo.com