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Controversia por adquisición de camionetas Jeep Cherokee por la SCJN
COMPRA DE CAMIONETAS DE LUJO POR LA SCJN
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le informó haber ahorrado más de mil millones de pesos al sustituir un contrato de renta de vehículos por la compra directa de nuevas camionetas para sus ministros, cuyo costo individual supera el millón de pesos.
Este viernes 23 de enero de 2026, durante la conferencia mañanera en Veracruz, la mandataria detalló que solicitó aclaraciones tras la polémica:
"Pregunté ayer, la secretaria de Gobernación hizo una consulta al órgano de administración (de la Corte). Nos dieron una nota informativa que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo, ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso".
Sheinbaum reconoció el ahorro señalado por la Corte, pero exigió mayor transparencia:
"Corresponde al Poder Judicial dar mayor información y aclarar la adquisición de estas unidades".
La renovación involucra nueve camionetas blindadas tipo Jeep Cherokee, estimadas entre 1 y 3 millones de pesos cada una —incluyendo blindaje y equipamiento especial—, justificadas por normatividad interna que obliga reemplazos cada cuatro años por razones de seguridad.
- La SCJN argumenta dictámenes técnicos federales que declararon obsoletos los vehículos previos, retirando más unidades antiguas para no incrementar el gasto patrimonial.
La controversia estalló cuando medios reportaron la asignación de estas unidades de lujo a los nueve ministros electos en 2025, en contraste con promesas de austeridad del presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Críticas apuntan a placas morelenses para evadir tenencia vehicular —849 pesos vs. 140 mil en CDMX— y el timing post-elección judicial.
Sheinbaum, alineada con su política de cero privilegios, usa el caso para presionar rendición de cuentas autónoma del Poder Judicial, recordando que la renta previa implicaba costos recurrentes millonarios sin propiedad.
Este episodio tensiona la relación Ejecutivo-Judicial en la 4T, donde reformas buscan eliminar gastos suntuosos. La mandataria instruyó a Rosa Icela Rodríguez para obtener detalles completos, enfatizando que la ciudadanía merece conocer desgloses de compras públicas.
La SCJN, por su parte, defiende la medida como prevención institucional, no discrecionalidad, pero enfrenta escrutinio en un contexto de recortes presupuestales federales y expectativas de paridad de austeridad.

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