Estados Unidos señala a políticos de Sinaloa por colaboración con el Cártel en tráfico de drogas

ACUSA ESTADOS UNIDOS A 10 POLÍTICOS DE SINALOA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

La denuncia no solo se centra en el mandatario, sino en una red de políticos de alto nivel, entre los que destacan senadores, altos exfuncionarios estatales y una figura clave de la policía municipal de Culiacán.

SENADORES Y EXSECRETARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ROCHA

Entre los señalados figuran, sobre todo, Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya:

• Quien enfrenta los mismos cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército que el propio gobernador, con penas mínimas de 40 años y posibilidad de cadena perpetua.

Además, la acusación incluye a otros exfuncionarios de la misma administración, como:

• Dámaso Castro Zaavedra, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito "Tornado", Marco Antonio Almanza Áviles, Alberto Jorge Contreras Núñez "Cholo", Juan de Dios Gámez Mendívil y Enrique Díaz Vega, todos descritos como "funcionarios de alto rango, actuales o anteriores" del gobierno y las fuerzas de seguridad estatales.

EL CASO DE JUAN VALENZUELA MILLÁN Y LOS SECUESTROS

• Dentro del grupo, el más gravemente implicado en cargos adicionales es Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", comandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien además de los delitos de tráfico de drogas y armas, enfrenta acusaciones por su participación en el secuestro de un informante de la DEA y un familiar de este, episodio que derivó en sus homicidios.

La Fiscalía de Estados Unidos y la DEA lo señalan como un nexo de la institución de seguridad local con el Cartel de Sinaloa, encargado de brindar protección, inteligencia y cobertura de operaciones de narcotráfico.

QUÉ DICE LA ACUSACIÓN SOBRE EL GRUPO POLÍTICO

• La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA sostienen que el grupo de diez acusados "se asoció con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos en Estados Unidos", utilizando canales políticos y de seguridad para garantizar el tránsito de droga y la protección de líderes criminales, a cambio de apoyo electoral y sobornos millonarios.

El fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, subrayaron que el éxito del cártel en el tráfico de estupefacientes dependió, en buena medida, de políticos y funcionarios corruptos a sueldo, y que el caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.

Con esta acusación, Estados Unidos busca desmantelar una red de corrupción institucional en Sinaloa, donde figuras políticas de la primera fila de la estructura Morena aparecen vinculadas no solo con el flujo de drogas, sino también con redes de seguridad pública capturadas por el narcotráfico.

• El caso avanza mientras el gobierno mexicano evalúa cómo responder a una ofensiva judicial sin precedentes contra una élite político‑militar de un estado fronterizo clave.