Extinción de unidad de implementación coordinada por Poder Judicial

LA DESCICIÓN

El Poder Judicial de la Federación (PJF) formalizó la extinción de la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral, instancia creada para coordinar la transición al nuevo modelo de justicia laboral en el país.

La decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de octubre de 2025, tras ser aprobada por la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en sesión celebrada el 29 de septiembre.

La medida responde a criterios de racionalidad presupuestaria y reorganización administrativa, según lo establece el acuerdo CJF/CA/63/2025.

Aunque la unidad no había concluido sus funciones, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó que sus tareas serán asumidas temporalmente por la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en tanto se define una estructura definitiva.

• El acuerdo contempla la transferencia de las seis plazas que integraban la unidad a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del OAJ. Sin embargo, sólo cuatro de ellas subsistirán de forma definitiva a partir del 1 de octubre de 2025. No se especifica si los servidores públicos cuyas plazas serán eliminadas serán reubicados, liquidados o cesados, lo que genera incertidumbre sobre el impacto laboral de la decisión.

La Unidad de Implementación fue creada en 2019 como parte del proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral, que implicó la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de tribunales laborales federales y locales.

Su función era coordinar la instalación de juzgados, capacitar personal, supervisar la infraestructura y garantizar la operación del sistema conforme a los principios de oralidad, imparcialidad y celeridad.

Aunque el CJF ha reportado avances en la implementación, aún existen entidades federativas con rezagos en infraestructura, cobertura territorial y capacitación. La extinción de la unidad ocurre en un momento en que se requiere consolidar el modelo, evaluar su desempeño y garantizar su sostenibilidad presupuestaria.

La decisión se enmarca en una política de austeridad impulsada por el Ejecutivo federal y replicada por órganos autónomos y del Poder Judicial. En años recientes, el CJF ha enfrentado recortes presupuestales que han afectado la operación de juzgados, la contratación de personal y la ejecución de proyectos estratégicos.

Diversos actores del sector laboral, académico y judicial han advertido que la reforma requiere continuidad institucional, evaluación técnica y recursos suficientes para consolidarse. La extinción de la unidad podría dificultar la articulación interinstitucional y la supervisión de los tribunales laborales, especialmente en entidades con alta carga de trabajo o conflictos colectivos relevantes.