Cártel de Sinaloa, FGR explica situación de funcionarios acusados

FGR AFIRMA QUE NO HAY PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETENER A FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR EU

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes que justifiquen la detención provisional con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves, autoridades de la FGR informaron que la solicitud enviada por una corte federal de Nueva York carece de fundamentos sólidos, pruebas documentales y elementos suficientes que permitan proceder legalmente conforme a la legislación mexicana.

El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que la detención provisional representa una medida cautelar que restringe derechos humanos, por lo que únicamente puede ser autorizada cuando existan evidencias contundentes y plenamente justificadas.

"En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, motivo, fundamento o evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional", señaló el funcionario federal.

• La solicitud estadounidense deriva de una acusación presentada por autoridades del Distrito Sur de Nueva York, en la que se señala a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y a siete exmandos policiacos y ministeriales de presuntamente brindar protección al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.

Sin embargo, la FGR indicó que el expediente enviado por Estados Unidos no incluye pruebas anexas que acrediten la comisión de delitos ni elementos que hagan impostergable una orden de captura provisional.

Jiménez Vázquez agregó que la difusión pública del caso podría afectar el debido proceso y confirmó que la Fiscalía solicitará, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, información complementaria a las autoridades estadounidenses.

Entre los documentos requeridos se encuentran pruebas, informes, argumentos y cualquier elemento jurídico que permita analizar de manera adecuada las acusaciones y fijar una postura institucional conforme al marco legal mexicano.

Por su parte, el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, participó también en la conferencia donde se reiteró que la dependencia mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los hechos señalados por Estados Unidos.

La FGR enfatizó que todas las indagatorias se realizan bajo la legislación nacional y dentro del marco del Estado constitucional y democrático de derecho.

El caso ha generado tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que las autoridades estadounidenses solicitaran acciones judiciales contra funcionarios mexicanos en activo, un hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó previamente como inédito.

La mandataria ha sostenido que México no protegerá a nadie si existen pruebas contundentes, aunque también advirtió que no permitirá injerencias extranjeras en asuntos que corresponden exclusivamente a la justicia mexicana.