Invalida SCJN ley que ampliaba gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California

La decisión se tomó en una sesión virtual por la pandemia de COVID-19; y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue muy duro con la Ley Bonilla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la denominada “Ley Bonilla“, que ampliaba de 2 a 5 años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en el estado de Baja California.

Invalida SCJN ley que ampliaba gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California

La decisión se tomó en una sesión virtual por la pandemia de COVID-19; y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue muy duro con la Ley Bonilla, definiéndola como “un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático” en México.

“El Congreso de Baja California alteró los resultados del proceso electoral concluido al decretar por ley que el gobernador electo por dos años ejerciría su cargo por cinco”, dijo.

Jaime Bonilla, del partido Morena, se presentó a las elecciones para un período de dos años pero, tras ganar los comicios, el Congreso de Baja California modificó la ley para alargar su mandato a cinco años.

Esto, puesto que el cargo es tradicionalmente por un período de seis años, pero en estas elecciones se estableció un mandato de solo dos años debido a la reforma electoral mexicana de 2014 para homogeneizar los procesos electorales del país.

Tras celebrarse las elecciones, el Congreso de Baja California reformó la legislación local para alargar tres años más dicho mandato.

El Instituto Nacional Electoral (INE) declaró una “batalla legal para salvaguardar la democracia” y el histórico líder de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas pidió la “desaparición del Congreso local de Baja California”.

Desde el gabinete de Jaime Bonilla defendieron la constitucionalidad de la iniciativa puesto que, a su entender, los ciudadanos desconocían la duración exacta del mandato por el que estaban votando.

El presidente López Obrador se deslindó de la polémica y se limitó a emplazar a “las autoridades competentes” a resolver el asunto.



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