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10/07/202511:00 p.m.Autor: Agencias Fuente: Agencias

Participación ciudadana y elección directa en el Poder Judicial


La ministra Lenia Batres propone mecanismo de revocación de mandato para ministros de la SCJN, buscando mayor transparencia y participación ciudadana en el Poder Judicial.

UNA NUEVA INICIATIVA

  • La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, propuso establecer un mecanismo de revocación de mandato para los ministros que resulten electos por voto popular, como parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. La iniciativa busca que la ciudadanía pueda evaluar y, en su caso, remover a los juzgadores si incumplen con sus funciones o se alejan del interés público.

Durante una entrevista con El Universal, Batres señaló que la revocación sería una herramienta democrática para garantizar la rendición de cuentas en el nuevo modelo de justicia.

"Si vamos a ser electos por el pueblo, también debemos estar sujetos a su escrutinio. La revocación de mandato es una forma legítima de control ciudadano", afirmó

Reforma judicial y participación ciudadana

  • La propuesta se enmarca en el proceso de transformación del Poder Judicial, que contempla la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Batres, quien se autodenomina "ministra del pueblo", ha sido una de las principales impulsoras de esta reforma, junto con las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han manifestado su intención de participar en el proceso electoral de 2025.

La ministra ha insistido en que el nuevo Poder Judicial debe ser más accesible, transparente y sensible a las problemáticas sociales, y ha criticado el exceso de privilegios y la falta de controles democráticos en la actual estructura de la Corte[5†fuente].

¿Cómo funcionaría la revocación?

Aunque aún no se han definido los detalles técnicos, Batres planteó que el mecanismo podría aplicarse a mitad del periodo de los ministros electos, mediante una consulta ciudadana organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta requeriría reformas constitucionales y legales adicionales para su implementación.


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