Maru Campos afirma estar firme en su cargo tras amenaza de juicio político

MARU CAMPOS ENFRENTA AMENAZA DE JUICIO POLÍTICO

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, afirmó que está "firme en su cargo" y que seguirá "luchando contra corriente" tras la amenaza de un juicio político presentada por el Morena por el caso de los agentes estadounidenses que colaboraron en operativos en la entidad.

En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, sostuvo:

"Estoy firme en mi cargo, estoy firme de seguir luchando contra corriente".

Y añadió:

"Vamos a seguir resistiendo, así nos llamen a Palacio Nacional, no cuelguen de la bandera del Zócalo, vamos a seguir luchando".

Campos destacó que mantiene una buena relación con la presidenta Claudia Sheinbaum, y explicó que sí se puso en contacto con ella después de que estalló el caso. Sin embargo, calificó de forma llamativa el episodio de la comunicación.

"No es que no le haya tomado la llamada. Ella decidió llamarme al teléfono rojo, y ya estaba fuera (...) Me reporté con ella, con su gente en la oficina y no hubo respuesta"

Expuso.

La mandataria acusó a Morena de actuar con lo que llamó "veneno, mentiras y violencia", y de recurrir a "excusas y pretextos para tapar sus crisis, sus errores y sus incapacidades".

Respecto al caso de los agentes, Campos Galván afirmó que desconocía la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y que no ha recibido ningún citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar:

"Una servidora no gestionó ni tenía conocimiento de la presencia de agentes estadounidenses en suelo chihuahuense; no lo conocía".

El caso se remonta al 19 de abril de 2026, cuando dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial al regresar de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

• La polémica escaló cuando surgieron versiones sobre una supuesta participación de la CIA en las labores de campo, lo que generó acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el gobierno de Chihuahua.

La controversia se profundizó tras la afirmación del Gobierno de México de que no tenía conocimiento previo de la participación de esos agentes estadounidenses en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional y ha abierto un debate político y jurídico sobre la coordinación de fuerzas extranjeras en territorio mexicano.