Relaciones políticas y huachicol: Investigaciones a gobernadores

INVESTIGACIÓN CONTRA GOBERNADORES TRAS DETENCIÓN DE EMPRESARIO LIGADO A HUACHICOL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este viernes que no tiene información sobre presuntas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Esteban Villegas, gobernador de Durango, ni de Samuel García, mandatario de Nuevo León, derivadas de acusaciones por vínculos con el crimen organizado y redes de huachicol.

• Desde Palacio Nacional, sostuvo que cualquier dato sobre estos casos debe provenir directamente de la FGR y que en el Gabinete de Seguridad no se ha presentado ningún informe al respecto.

"Son temas que tiene que contestar la Fiscalía, y no tengo yo ninguna información"

Dijo al ser cuestionada sobre reportes que apuntan a indagatorias en curso.

"No se ha dado ninguna información sobre estos temas en el Gabinete ni me han dado ninguna información relacionada con las dos personas, los dos gobernadores, no tenemos información"

Subrayó, marcando distancia entre la Presidencia y las versiones que circulan sobre investigaciones federales y de agencias estadounidenses.

Las dudas sobre Esteban Villegas se intensificaron luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el Gabinete de Seguridad tendría bajo estricta observación al gobernador priista de Durango por presuntos acuerdos con el crimen organizado bajo una lógica conocida como "Pax Narca".

De acuerdo con esa versión, autoridades federales y agencias de Estados Unidos investigarían un presunto pacto para permitir que capos vinculados a la facción de Ismael "El Mayo" Zambada, del Cártel de Sinaloa, hallaran refugio en territorio duranguense, mientras mantenían la disputa en Culiacán y otras zonas del llamado Triángulo Dorado.

Los señalamientos apuntan a que, mientras otros gobernadores de oposición colaboraban con operativos federales, en Durango los dispositivos se "atoraban": fracasaban capturas, se retrasaban acciones y no se concretaban arrestos de objetivos prioritarios.

• Según las filtraciones, esa situación habría convertido al estado en una especie de zona de resguardo para la estructura conocida como "La Mayiza", en alianza con el grupo criminal Los Cabrera.

El tema rebasó el ámbito interno cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a México información sobre las actividades del mandatario estatal, al tiempo que el Departamento de Justicia y la DEA recababan testimonios de integrantes del Cártel de Sinaloa sobre redes políticas en Sinaloa, Durango y Chihuahua.

En el caso de Nuevo León, el trasfondo es la detención de Jesús Ricardo Puente, empresario señalado por autoridades federales como presunto integrante de la red conocida como Los Petrofactureros, dedicada a esquemas de simulación en más de 40 empresas de los sectores energético, logístico y de transporte.

• Estas operaciones habrían afectado el control del mercado de combustibles y el combate al huachicol fiscal.

Reportes periodísticos indican que Puente figura como cliente de un despacho vinculado al padre del gobernador Samuel García: Maquiladora de Lubricantes, empresa de la que el detenido es accionista y administrador único, habría pagado más de 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.

Frente a este contexto, la respuesta de Sheinbaum se centró en remarcar los límites institucionales: reiteró que no cuenta con informes oficiales sobre investigaciones contra Villegas o García y que cualquier confirmación o desmentido debe provenir de la Fiscalía General de la República.

La posición deja en claro, por ahora, que la Presidencia no asume públicamente como propios los señalamientos surgidos de investigaciones periodísticas o de filtraciones de seguridad, mientras crece el escrutinio sobre las relaciones entre actores políticos, empresarios y estructuras ligadas al huachicol y al crimen organizado.