Presidenta Sheinbaum sobre acusaciones a gobernador de Sinaloa

NO DEFIENDEN A NADIE

Al referirse nuevamente a las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no defenderá a nadie, incluso si es militante de Morena, si existen pruebas de que cometió un delito.

La mandataria precisó que desconoce, sin embargo, si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado cuentas bancarias de Rocha Moya, sus familiares, o del senador morenista Enrique Inzunza.

"Nosotros no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena, que están detenidos hoy"

Ejemplificó Sheinbaum. Cito el caso del presidente municipal de Tequila, Jalisco, que fue detenido "porque se comprobó que tenía vínculos con la delincuencia", y señaló que existen alrededor de 50 casos similares de ediles y exfuncionarios ligados al crimen organizado.

• La mandataria insistió en que su administración sostiene el Estado de Derecho:

"Si hay evidencia suficiente para la Fiscalía General de la República, pues se tiene que proceder; pero si no hay evidencia, pues no se procede, aunque lo pida Estados Unidos, porque así está nuestra Constitución y nuestra ley".

Recordó que, en audiencias con autoridades estadounidenses, se ha enfrentado la misma exigencia de mandar pruebas suficientes, en línea con los estándares internacionales.

Sheinbaum descalificó la idea de que Morena tenga un pacto con los criminales como parte de una campaña de propaganda.

"¿Dónde están las pruebas de algo que sea suficiente para poder hablar de ello?"

Cuestionó, y pidió no confundir temas judiciales con maniobras políticas. En ese sentido, subrayó que las acusaciones contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos (Maru Camacho), son un asunto exclusivamente judicial, "no un tema político ni de la presidenta", quien no tiene facultad para ordenar acciones contra gobernadores o exgobernadores.

"Si la FGR tiene pruebas, procede; el Poder Judicial también. Eso les corresponde a ellos"

Concluyó, reiterando que el respeto a la ley y la separación de poderes marcan la línea de acción del gobierno federal frente a cualquier caso de corrupción o vínculo con el crimen organizado.