Río estalla tras masacre

PROTESTAS EN RÍO TRAS REDADA POLICIAL MÁS LETAL

Cientos de personas se manifestaron este viernes en Vila Cruzeiro, una favela de Río de Janeiro, para exigir la dimisión del gobernador Cláudio Castro, tras una operación policial que dejó más de 100 muertos, convirtiéndose en la más mortífera en la historia de la ciudad.

La movilización reunió a residentes locales, activistas, políticos, madres que han perdido hijos en intervenciones anteriores y ciudadanos de otros barrios. La indignación se intensificó luego de que los vecinos colocaran en el suelo decenas de cuerpos recuperados de una zona verde cercana, tras el operativo.

Según cifras oficiales, al menos 121 personas murieron, incluidos cuatro agentes. No obstante, la Defensoría Pública del estado reportó 132 fallecidos.

Anne Caroline Dos Santos, de 30 años, calificó al gobernador como "cobarde, terrorista y asesino", acusándolo de tener las manos manchadas de sangre. Dos Santos, quien llegó desde Rocinha, la favela más grande de Brasil, denunció torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Aunque algunos comercios reabrieron, las calles aún mostraban señales del conflicto, como vehículos calcinados usados como barricadas.

CLAMOR POR JUSTICIA Y PAZ

Vestidos de blanco como símbolo de paz, los manifestantes portaban camisetas con manos rojas y carteles con frases como:

"Dejen de matarnos" y "basta de masacres". Leandro Santiago, residente de Vila Cruzeiro, expresó: "Esto es una vergüenza para Brasil. Nada justifica lo ocurrido".

La redada, realizada por unos 2,500 policías y militares, tenía como objetivo frenar la expansión del grupo criminal Comando Rojo en las favelas Complexo de Alemão y Complexo da Penha. El enfrentamiento con los miembros de la banda desató el caos en la ciudad.

Castro defendió la operación, afirmando que Río está en guerra contra el "narcoterrorismo", y la calificó como exitosa. El gobierno estatal aseguró que los fallecidos eran delincuentes que se resistieron al arresto.

• Sin embargo, el elevado número de muertos generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos y de la ONU. El Supremo Tribunal Federal, junto con fiscales y legisladores, exigió al gobernador un informe detallado sobre el operativo. El juez Alexandre de Moraes convocó a Castro y a los jefes de la policía para una audiencia el 3 de noviembre.

ENTRE ELOGIOS Y CUESTIONAMIENTOS

Mientras algunos sectores conservadores aplaudieron la acción contra el crimen organizado, otros dudan de su efectividad a largo plazo, señalando que muchos de los fallecidos eran miembros de bajo rango fácilmente reemplazables.

El gobierno estatal informó que 42 de los 99 sospechosos identificados tenían órdenes de arresto y 78 contaban con antecedentes penales. Sin embargo, el diario O Globo reveló que ninguno había sido formalmente acusado por la fiscalía.

• Durante la protesta, se denunció el estado en que fueron hallados varios cuerpos, algunos decapitados, otros con heridas de arma blanca o atados.

La abogada Adriana Miranda subrayó que, incluso si los jóvenes estaban vinculados al crimen, debían ser tratados conforme a la ley.

"Las sospechas deben investigarse. Hay procedimientos legales que deben respetarse. La Constitución protege los derechos de todos", afirmó.