PRD, complicado relevo de dirigencia; vive el desafío de los acuerdos internos

En Tabasco, la dirigencia estatal del PRD a cargo de Candelario Pérez no ha tenido los sobresaltos de la nacional. Asumió el cargo en octubre del 2014 y se ha mantenido allí aun cuando pasó a ser diputado federal. Su llegada a la presidencia solaztequista fue precedida por unas elecciones internas de consejeros en las que obtuvo la mayoría la corriente de Juan Manuel Fócil, identificada con Alternativa Democrática Nacional (ADN), opuesta a Nueva Izquierda (Los Chuchos).

YA NO HAY TIEMPO

DURANTE los primeros meses de este año se insistió en la inminente disputa por las dirigencias nacional y estatal entre las diversas corrientes perredistas (en realidad dos bloques dominantes). Pero ahora los tiempos se les acortan. De acuerdo a la  ley electoral, en octubre que inicie el proceso electoral federal ningún partido puede hacer cambios ni en sus documentos básicos ni en su dirigencia nacional. El PRD tiene “amarrados” los dos movimientos. Aunque todavía quedan tres meses, ya la lucha interna –como sucede en todos los partidos- está enfocada en la definición de candidatos.

Apenas el miércoles el presidente del Consejo Político del PRD en Tabasco, Juan José Martínez, sostuvo que ya no será posible renovar la dirigencia estatal de ese partido. Argumentó: “aun cuando el consejo nacional nos diera una fecha, los tiempos electorales que vienen a partir de febrero por la parte federal pues ya no nos darían el tiempo para llevar a cabo una elección interna”.

Fuentes perredistas indicaron que de acuerdo a los estatutos de esa organización el uno de abril debió emitirse la convocatoria para que todas las fases concluyeron en agosto. Quienes desearan participar deberían estar afiliados seis meses antes de las votaciones internas.

Pero más allá de las formalidades, lo que se puede observar es una seria dificultad para una competencia pactada entre las corrientes o bloques, porque también tienen que salvar el debate sobre sus alianzas externas. Lo dicho: el primer paso es una alianza interna y después con los de afuera.

El PRI ya resolvió de alguna manera su designación de dirigente estatal con Gustavo de la Torre; en Morena lo que se prevé es un simple acuerdo de su Consejo Político ahora que Adán Augusto formalice su precandidatura al gobierno estatal. A nivel nacional, en el tricolor la decisión del relevo o no la tiene Enrique Peña Nieto, y en Morena, Andrés Manuel López Obrador. Una situación distinta vive el PRD.

MÁS MUERTOS, MENOS DETENIDOS

DIVERSAS son las acciones, reformas, iniciativas, para atender la creciente delincuencia e inseguridad. No es nada nuevo decir que el sistema de prevención de los delitos y la administración de la ley en México sufrió un colapso. Fue más evidente a partir de que siendo presidente Felipe Calderón (PAN) decidió enfrentar con el ejército en las calles un problema de hondas raíces sociales. Ayer se publicó que el mes de mayo fue el de mayor número de asesinatos en el país en los últimos 20 años. Un promedio de 72 crímenes por día.

Si se observa, la mancha del delito se ha ido extendiendo por toda la República. Muestra señales de estacionarse en una cuantas entidades donde la violencia tiene antecedentes históricos –como Guerrero y Sinaloa-, pero también que se desplaza por temporadas a otras regiones. La nueva Gendarmería Nacional no se da abasto para atender la demanda en los estados ante la fragilidad de las policías locales.

Así como a partir del 2006 se ubica un explosivo crecimiento de la violencia, también trajo aparejado un aumento de población en las cárceles. En el 2008 se aprobaron una serie de reformas para la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que tiene entre uno de sus objetivos principales reducir el ingreso a las prisiones.

De acuerdo a María de los Ángeles Fromow, secretaria ejecutiva del NSJP, con la aplicación de las “medidas alternativas” ha permitido que hasta la mitad de los acusados no pisen la cárcel. Anteriormente, señaló la funcionaria, la totalidad de los procesados eran encarcelados.

La posibilidad de que algunos acusados sigan su proceso en libertad ha derivado en nuevos problemas, porque no existen suficientes unidades de vigilancia para quienes deben cumplir una pena alterna. El fiscal tabasqueño Fernando Valenzuela indicó que hay una propuesta para que quienes sean detenidos por portación de armas y robo de combustibles se sujeten a prisión preventiva.

El NSJP, que ya está en aplicación, necesitará adecuaciones conforme a la realidad. Puede no ser suficiente en un país con tanta impunidad.

Recientemente, Ricardo Corona y Alejandra García en la página del Instituto Mexicano de la Competitividad anotaron que un estudio propio indica que el NSJP “no trajo consigo un cambio relevante en la forma en que los operadores procesan una investigación. Es decir, la procuración de justicia penal mexicana continúa maquilando expedientes criminales que carecen de investigaciones profesionales y que son incapaces, cada vez más, de identificar a los responsables de los delitos y de lograr la reparación del daño sufrido por las víctimas. En síntesis, no se está atendiendo al pie de la letra el contenido de la reforma penal de 2008”.

Podría decirse que es muy pronto para evaluar un sistema que oficialmente entró en vigor hace un año en todo el país, aunque algunos estados ya contaban con mecanismos similares desde hace una década. En esta materia se debe actuar con la máxima eficacia, oportunidad y prudencia. Un incentivo para los delincuentes es la falta de castigo. (vmsamano@yahoo.com)