¿Y de ahí? Abstenerse como ciudadanos es debilitar el poder público y el orden social

La fiesta de la democracia es una cita con nuestros vecinos, amigos, familiares. Una reunión a la que vamos a hacernos más iguales que en ningún otro momento al ejercer libremente un derecho, que es al mismo tiempo un gran compromiso con nuestra sociedad y nuestro tiempo. La democracia no se reduce al mero acto de meter una boleta en una urna, sino que se extiende a todos esos compromisos individuales y colectivos de participar de múltiples formas en los comicios, y más allá de las elecciones, en la legitimación del poder público, su vigilancia y evaluación.

Por ejemplo, los observadores electorales tienen una gran importancia en la legitimación de las elecciones, además de este servicio observable, puntual, la participación de ciudadanos observadores electorales contribuye a la difusión de la cultura democrática por cuanto es necesario tomar una capacitación en la que nos formamos voluntariamente para conocer más detalles de cómo se organizan las elecciones, qué es correcto y qué es irregular.

La tarea de los observadores electorales es voluntaria. Su generosidad y compromiso para observar aspectos como la instalación de las casillas, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo, la recepción de escritos de incidencias y protesta, la fijación de resultados en casillas y la clausura de casillas, ayuda a dar validez a este ejercicio democrático así como a identificar áreas que se pueden mejorar.

Llegar a estos niveles de complejidad y refinamiento ha sido un largo proceso. Desde antes de 1988, pero más marcadamente a partir de esta fecha, los ciudadanos se empezaron a organizar para observar las elecciones. En 1991, organizaciones no gubernamentales como el Movimiento Ciudadano por la Democracia participaron en las elecciones de Chihuahua y San Luis Potosí.

Autores como Eduardo Olguín considera que la observación electoral a nivel internacional puede remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta figura se extendió en los años ochenta del siglo pasado, a medida que en el mundo se fueron abandonando regímenes autoritarios para pasar a otros más democráticos.

Actualmente, el Instituto Nacional Electoral señala como restricciones para ser observador electoral el tener investigaciones penales en contra, haber sido miembro de partidos políticos hasta tres años antes de la elección a observar, tener o haber tenido una candidatura a un cargo de representación popular, ser representante de partido político o candidatura independiente, y se estipula como requisito el ser ciudadano mexicano y recibir el curso de capacitación.

No deben obstruir ni interferir en el desarrollo de las funciones electorales, no deben declarar tendencias sobre las opiniones del proceso electoral, deben abstenerse de ofender, difamar o calumniar a las autoridades electorales o partidos políticos, no declarar triunfos, ni portar emblemas o imágenes relacionadas con partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Siempre se dice que vamos a la elección más grande de la historia, y cada vez ha sido cierto. A medida que aumentan los mexicanos en edad de elegir autoridades, el nivel de complejidad para organizar los comicios incrementa tanto en términos técnicos como operativos. En los órganos electorales y los partidos políticos se trabaja para garantizar las diversas acciones afirmativas que se han aprobado en materia de paridad de género, la representación de jóvenes, personas de la diversidad sexual, indígenas y afrodescendientes.

También se regulan los tiempos al aire en radio y televisión, se fiscalizan los recursos ejercidos en las campañas, se verifica el padrón electora y la lista nominal, se desarrollan conteos rápidos, se ejecutan programas de resultados preliminares; tantas actividades relacionadas con las elecciones generan cientos, quizá miles de empleos temporales en todo el país.

Participar en la llamada fiesta de la democracia es un deber cívico que, a medida en que cumplimos y nos involucramos más, mejor podemos valorar hasta qué punto las instituciones democráticas de nuestro país descansan esencialmente en nosotros los ciudadanos. Si dejamos de ejercer nuestra ciudadanía pasadas las elecciones o dejamos las decisiones a otros, contribuimos a la debilidad del poder público y del orden social en el que vivimos.