Tema Camila debe investigarse como feminicidio

No tiene nombre el que una madre entierre a una hija, es una situación contraria al orden natural en que lógicamente son los hijos quienes deben enterrar a los padres. El crimen de engañar a una niña, secuestrarla y matarla sí tiene nombre.

Casos como el de Camila, niña de 8 años secuestrada y asesinada en Taxco, Guerrero, provocan esa ira a la que apelan las feministas cuando hablan de quemarlo todo. Sí, dan ganas de quemarlo todo ante semejante injusticia, sin embargo, no es justicia el linchamiento. Lo que la comunidad hizo con los presuntos secuestradores y asesinos de la niña fue venganza. Es exactamente el estado de cosas que se supone que el Estado de derecho debería evitar.

No tiene nombre el que una madre entierre a una hija, es una situación contraria al orden natural en que lógicamente son los hijos quienes deben enterrar a los padres. El crimen de engañar a una niña, secuestrarla y matarla sí tiene nombre. Sin embargo, si fuera cierto que la niña fue violada, el nombre cambia y estaríamos ante un feminicidio. Este delito se diferencia del homicidio porque se priva de la vida a una persona por razón de su género, y se presumen razones de género cuando la víctima presenta señales de haber sufrido violencia sexual de cualquier tipo. No importa que apenas fuera una niña.

Por lo pronto, el ministerio público ha conformado que, si bien el caso empezó a investigarse como secuestro, una vez que fue encontrado el cuerpo de Camila dentro de una bolsa, se investiga como feminicidio, tal como lo instruye el protocolo: toda muerte violenta de una mujer, o una niña, debe investigarse como feminicidio. En el transcurso se esclarecerá si sí lo fue o se trató de un homicidio.

Los vecinos de la comunidad revisaron las cámaras de seguridad, supuestamente se aprecia que Camila sí llegó a casa de su amiga, luego, se ve que esa señora y un hombre metieron una bolsa negra pesada en la cajuela de un taxi. César Gómez, tío de la niña, consideró que a la fiscalía le faltó prontitud para señalar a los presuntos responsables, cuando tuvieron esas evidencias el mismo día de los hechos.

Ante esto, en la comunidad se formó una turba que rodeó el domicilio de los presuntos asesinos. Tardó en llegar la policía a resguardar a esas personas, y estando ahí no impidió que la turba siguiera atacando a la presunta secuestradora. Estos hechos horribles fueron prácticamente transmitidos en vivo a través de las redes.

Es comprensible el deseo de venganza, la indignación, el enojo de los guerrerenses que más de una vez han sentido que sus autoridades les dan la espalda. Lo que no se entiende es que, una vez más, los hayan dejado solos, que los encargados de procurar la seguridad y la justicia prefirieran hacerse a un lado. Como una declaración de incompetencia, parece la admisión tácita de que es preferible un linchamiento porque en las instituciones difícilmente habrá justicia para Camila.

A pesar de los años que lleva impulsándose la perspectiva de género, el Secretario de Seguridad Pública de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, sugirió que la madre de Camila habría tenido la culpa de la muerte de su hija por haberla dejado salir. Luego se vio forzado a ofrecer una disculpa pública ante la indignación que causaron sus declaraciones.

La actitud refleja una de las barreras que enfrentan quienes buscan justicia en casos de violencia de género y es la revictimización. La imposición de un estereotipo de género típico, según el cual las víctimas, o en este caso, la madre ofendida, fue quien provocó la violencia por alguna acción u omisión. Lo dicho en público no es más que un tenue reflejo de las actitudes que las víctimas que buscan justicia enfrentan en privado, en las oficinas de la policía, los ministerios públicos, los juzgados, las comisiones de atención a víctimas.

No es justicia el linchamiento de los presuntos asesinos de Camila, como tampoco es justo el nivel de abandono, violencia e injusticia al que viven sometidos los guerrerenses. Un pueblo tan bravo seguramente no soportará mucho tiempo más ese estado de cosas, a pesar de que todavía resientan el terrible golpe de Otis el año pasado. Tienen las autoridades un gran desafío en materia de seguridad pública y de garantías jurídicas en Guerrero. Injusticias como la de Camila sólo atizan un malestar social muy arraigado. Hay que actuar pronto para evitar que se desborde, o prepararse para atender las consecuencias.