El contralor del Instituto Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Miguel Armando Vélez Téllez dio a conocer que reinciden funcionarios de este órgano electoral en tener familiares trabajando dentro de la institución. Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) a finales del año pasado discutiera la posible remoción de la presidenta de este órgano electoral Maday Merino Damián por haber tenido hasta 3 familiares en la nómina, el contralor agregó que investigan si la secretaria particular de la misma, estaría presuntamente repitiendo está misma situación.
“Estamos haciendo una auditoría para determinar el árbol genealógico de cada uno de los servidores públicos si no hay algún familiar todavía, nosotros pensamos que en este mes debemos tener resultados, es importante que lo que hizo el INE y se dirigió a nosotros es que ningún consejero tuviera otro familiar y lo tomamos en general que nadie debe tener un familiar y valoraremos el grado de importancia y de injerencia”, sentenció.
Afirmó, que a partir de una solicitud de transparencia, se ha desarrollado una indagatoria para conocer si personal adscrito a la presidencia tiene familiares dentro del instituto lo que podría provocar un conflicto de interés.
En su momento, el exconsejero Jorge Enrique Gómez se vio vuelto un “escándalo” dentro del órgano electoral cuando su secretaria particular fue llamada por la contraloría para que explicara una serie de situaciones que habían denunciado los trabajadores.
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El 17 de julio de 2018 el INE nacional recibió el oficio suscrito por la titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado de Tabasco, María Elena Cornejo por el que remite, la denuncia presentada en contra de la Consejera Maday Merino Damián, por la presunta comisión de conductas que pudieran actualizar infracciones a la normativa electoral, al asignar plazas del IEPCT a Obed Izquierdo Cupido, Miriam de los Ángeles Ruíz Pulido y Salvador Ruíz Torres, quiénes, según el dicho de la quejosa, son familiares de la Consejera denunciada.
Al final, los consejeros nacionales determinaron la “no responsabilidad” de la presidenta pero recomendaron “esto no se repitiera”, sin embargo, esto podría seguir ocurriendo de acuerdo a lo que marca la contraloría.
En este sentido, el secretario ejecutivo del órgano electoral local, Roberto Félix López, descartó que haya nepotismo al interior, pues las contrataciones de personal se realizan de acuerdo a las aptitudes. Indicó que los aspirantes a un cargo son sometidos a un procedimiento mediante un examen de selección de conocimientos y psicométrico, determinado por los propios estatutos del Servicio Profesional Electoral local, para definir si es procedente su contratación.
Por ello, dejó claro que aclaró que no se investiga la procedencia ni el árbol genealógico de la persona, únicamente se determina si es apta o no para llevar a cabo la función que se le va a encomendar.
Refirió que es una atribución de la Contraloría llevar a cabo las auditorías y procedimientos de investigaciones, así como el control de ingresos y egresos en base a su autonomía, de tal manera que en su momento deberá emitir un dictamen sobre la indagatoria.