TRIBUNAL FEDERAL ORDENA RESTITUCIÓN DE PREDIO A MÁS DE 100 FAMILIAS INDÍGENAS TRAS DESALOJO EN SAN LUIS POTOSÍ

Más de cien familias indígenas lograron obtener la protección de la justicia federal mediante un amparo restitutorio, luego de haber sido desalojadas de forma violenta el pasado 9 de junio del predio conocido como La Peña, ubicado en el municipio de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, donde han vivido y trabajado durante aproximadamente tres décadas.

• De acuerdo con la resolución emitida en el Recurso de Queja 195/2026, los tribunales federales otorgaron una suspensión con efectos restitutorios, lo que implica que las familias deberán recuperar la posesión del terreno en las condiciones en las que se encontraba antes del desalojo, mientras se resuelve el fondo del litigio.

El desalojo ocurrió en un predio de alrededor de 200 hectáreas situado cerca de la cabecera municipal, en la región de la Huasteca potosina, y fue ejecutado con uso de la fuerza pública, según los testimonios de los habitantes.

Representantes de organizaciones campesinas señalaron que la comunidad indígena Tének ha habitado y trabajado estas tierras desde principios de la década de los ochenta, cuando laboraban en ranchos de la zona.

Posteriormente, tras problemas financieros de los propietarios, el terreno pasó por procesos legales que derivaron en su posesión por parte de una institución bancaria, sin que los trabajadores fueran indemnizados.

Durante más de 30 años, las familias permanecieron en el lugar sin que las autoridades federales, estatales o municipales lograran una solución definitiva al conflicto agrario. Algunos de los habitantes originales han fallecido sin recibir compensación alguna por su trabajo y permanencia en el predio.

A lo largo de los años, los pobladores intentaron regularizar la tierra a su nombre mediante distintas vías legales, especialmente en la década de los noventa. Sin embargo, cambios en la legislación agraria, como la reforma al artículo 27 constitucional, impidieron la creación de nuevos ejidos y complicaron los procesos de titulación.

Posteriormente, en los años 2000, con asesoría de organizaciones campesinas, se retomaron los intentos de regularización con base en programas federales de ordenamiento agrario. No obstante, los trámites no avanzaron debido a requisitos legales y a la falta de consolidación de una figura jurídica que permitiera la regularización colectiva del predio.

De acuerdo con los representantes de la organización campesina CIOAC, en distintos momentos autoridades agrarias realizaron visitas de inspección y ofrecieron alternativas de solución, pero sin resultados concretos. Incluso se intentó una valuación del terreno hace aproximadamente una década, aunque no se alcanzó un acuerdo con los ocupantes.

El conflicto escaló nuevamente el pasado 9 de junio, cuando las familias fueron desalojadas en un operativo policial, en el que además se detuvo a seis personas, entre ellas una mujer, quienes fueron liberadas posteriormente por falta de elementos para su detención.

Tras el desalojo, las familias continuaron con acciones legales, lo que derivó en la reciente resolución judicial que ordena la restitución provisional del predio mientras se determina la resolución definitiva del caso.

Los representantes de los afectados advirtieron que la zona ha despertado interés inmobiliario en los últimos años, lo que ha incrementado la presión sobre el territorio, pese a que las familias han mantenido la posesión continua, pacífica y pública del lugar durante décadas, lo que podría configurar elementos de prescripción positiva.

Finalmente, los representantes comunitarios hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que respeten los acuerdos previos y atiendan el caso conforme a derecho, subrayando que el incumplimiento institucional prolongado ha contribuido al conflicto y a la falta de solución definitiva para las comunidades indígenas involucradas.